«Los empresarios tienen la obligación de conocer el cumplimiento normativo penal, su finalidad. Esa es una de las limitaciones que tienen hoy las empresas», según el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el curso de una conferencia magistral, titulada «Límites en la capacidad de la empresa para vigilar al trabajador».
Fue durante el acto inaugural del curso «Hacia una nueva ética empresarial. El cumplimiento normativo», que tuvo lugar el viernes por la tarde en la sede del Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEA).
La consecuencia es que si no lo hacen corren el peligro de cometer -por acción o por omisión- una infracción penal que afectaría no sólo a su persona sino también a su empresa, porque hoy las empresas jurídicas son responsables penales.
En el curso de su intervención fue desgranando las principales sentencias sobre cumplimiento normativo de la Sala que preside y cómo una tras otra han ido perfilando los contornos de lo que también se conoce como «Compliance».
Desde el punto de vista de Marchena el empresario puede controlar la labor de los trabajadores a través de los elementos informáticos facilitados por la empresa pero tiene la obligación de informar con anterioridad de las condiciones en que puede acceder a dichos elementos, so pena de incurrir en ilegalidades.
Si no respetara dichas condiciones, la información obtenida podría convertirse en prueba ilícita y, por lo tanto, nula de previo derecho; como si nunca hubiera existido.
Y si, además, lo utilizara, podría incurrir en un delito de revelación de secretos.
Según el director del curso, el magistrado Ricardo Rodríguez, los empresarios de hoy en día no se pueden permitir el lujo de operar desconociendo la ley.
A la inauguración asistieron el nuevo presidente in pectore del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, el magistrado de la Sala de lo Penal Eduardo de Porres, Eduardo Urbano, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Manuel Fernández, expresidente de la Agencia de Protección de Datos y exvicepresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y abogado en ejercicio, María del Carmen Ballester, fiscal de la Audiencia Nacional y especialista en blanqueo de capitales, Beatriz de Vicente, criminóloga y letrada en ejercicio y Francisco Córcoles, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito al SEPBLAC.
El IEA fue creado el año pasado para apoyar la cultura empresarial española y el fomento del crecimiento del tejido empresarial emprendedor, en palabras de su creador, Juan Claudio Abelló Gamazo.
El equipo directivo lo conforman el abogado Wilfredo Jurado, director de programación, y Hugo Barceló, como coordinador de Programas.
La notaria y ex directora general de Registros y Notariado, Ana López-Monís, el magistrado Rodríguez, forman parte del Consejo Asesor.
