El nuevo reglamento del taxi en Madrid introduce el precio fijo, trayectos compartidos y planes de amortización de licencias

La modificación del decreto autonómico, que ha elaborado la Consejería de Transportes, se llevará ahora al Consejo de Gobierno para su aprobación. Casi la totalidad de los cambios se realizan a propuestas del sector, que ha estado 16 de días de huelga reclamando una reforma exprés de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, dejó claro el pasado lunes que la Comunidad no iba a realizar una reforma inmediata para regular los VTC, al no existir consenso suficiente. 

Informó que con el fin de “consensuar” una futura regulación, convocará para la próxima semana una reunión del Comité Madrileño del Transporte, un órgano en el que están representados todos los sectores, y al que se invitará al Consistorio de la capital.

Y aludió a la puesta en marcha de este nuevo reglamento para dotar de competitividad al taxi.

En este reglamento se eleva la posibilidad de que el taxi ofrezca servicio con capacidad de hasta nueve plazas, en lugar de cinco, de cara a prevenir «intrusismo profesional».

Se suprime la condición de no tener antecedentes penales para ejercer la profesión,  el requisito de pérdida de permiso municipal si no se ha ejercido la actividad antes de cinco años, y se elimina la condición de ser residente de la Comunidad de Madrid para ser taxista. 

Eso sí, el vehículo tiene que estar domiciliado en la región.

También se posibilita que un mismo titular pueda disponer de más de tres licencias en los casos de los «herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de éste».

Asimismo, recoge la opción de precio cerrado con contratación previa para el usuario, sobre todo, pensado en trayectos de origen y destino de cero emisiones.

Este precio no podrá superar el estimado para ese recorrido conforme a las tarifas vigentes ni ser inferior al que resulte de aplicar la reducción establecida, en su caso, por el Ayuntamiento competente.

Se posibilita que, en el caso de los servicios previamente contratados, el lugar de recogida de viajeros sea en un municipio diferente al de la domiciliación de la autorización de transporte interurbano siempre que el destino del servicio sea este último municipio.

Otra de las novedades es que los municipios integrados en el área de prestación conjunta, previo informe de las asociaciones representativas, titulares y de los usuarios «podrán promover la prestación de servicios con contratación previa por plaza con pago individual, siempre que ello se encuentre contemplado en la correspondiente ordenanza municipal, y se realice a través de cualquier medio que permita garantizar los derechos de los usuarios respecto de las tarifas que les sean de aplicación».

Igualmente, y por razones de ordenación del servicio, previo informe de las asociaciones representativas del sector y centrales sindicales, el Ayuntamiento «podrá establecer un número máximo diario de horas en las que los vehículos adscritos a una licencia de autotaxi puedan realizar servicios».

También se incluye que el arriendo, traspaso o cesión de la gestión de la explotación de licencia implicara la extinción de la misma, situación que ocurre ahora por parte de ciertos titulares por una comisión al mes.

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