El expresidente madrileño Ignacio González ha afirmado hoy a su llegada al juicio por el supuesto espionaje político en Madrid que «todo es mentira» en relación a las acusaciones que le señalan como el instigador de las presuntas vigilancias.
Los acusados José Oreja y Antonio Coronado manifestaron ante el tribunal que el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón les ordenó espiar «ilegalmente» a determinados políticos madrileños por «especial interés de González».
Al comienzo de la vista, la presidenta del tribunal, Paz Redondo, ha pedido disculpas a Ignacio González por el error administrativo de la Sala que le tenía entre los testigos de ayer.
El expolítico madrileño ha contestado que le parece «bastante lamentable» lo que ocurrió ya que hubo medios que le «acosaron» en su trabajo.
González ha reiterado en su interrogatorio que «no conoce nada de este espionaje», que ni conocía a los acusados ni ordenó realizar ningún tipo de seguimiento.
El exdirigente ‘popular’ siempre ha negado que estuviera detrás de este caso, llegando a retar a Manuel Cobo, que denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008, para que presentará pruebas contra él.
«No tuve conocimiento de ningún espionaje salvo uno, el que yo fui objeto en esas fechas y que denuncié», en referencia a seguimientos que le habrían realizado en Colombia en 2008.
González denunció revelación de secretos por parte de las agencias de detectives Método 3 y Mira, pero el caso se archivó.
A preguntas del abogado del PSOE, ha recalcado que «nunca» tuvo conocimientos de estos hechos, y que «jamás» ha ordenado ningún vigilancia.
Asimismo, González ha señalado que muchos de los acusados han negado que se produjeran dichas órdenes para espiar a políticos madrileños. Solo los dos procesados citados mantienen la versión acusatoria contra González.
Los acusados en este caso son el director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón; su ‘número dos’, Miguel Castaño Grande; el exfuncionario José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro.
La Fiscalía de Madrid pide su absolución al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.
Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional Carmen Méndez González, mientras que la acusación popular la ejerce el PSOE de Madrid, que solicita entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados.
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