El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena ha afirmado hoy que en el ‘caso procés’ no se persigue la ideología independentista, sino «comportamientos tipificados en el Código Penal» que llevaron a una situación en la que al final se recurrió a la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque «no existía otra manera de volver a la legalidad».
Cadena, que ha intervenido tras el fiscal Javier Zaragoza, ha rebatido los argumentos expuestos ayer por las defensas de que la causa supone una persecución del derecho a la libertad ideológica del independentismo, y ha entrado el debate jurídico en el incumplimiento claro de la Constitución por parte de los acusados.
El fiscal ha destacado que «no hay una soberanía catalana, sino una soberanía española» que reconoce la Constitución y que se vio gravemente conculcada con las leyes de desconexión que éstos impulsaron en septiembre de 2017 en el Parlamento catalán.
Ha explicado que lo que se juzga en este procedimiento es «un plan concertado, minucioso y pluriconvergente» en el cual se creó «una legislación paralela que dio a la gente la idea de que los derechos que se proclaman fueron totalmente lícitos».
Ha dicho que en el marco de ese plan, la utilización de la violencia estaba prevista desde el comienzo, como apunta el documento Enfocats -que establecía la hoja de ruta a la independencia-, de forma que las personas eran «requeridas» para lograr «el último momento de desconexión con el Estado».
Cadena ha expuesto que «se trata de una comunidad que desde la más absoluta unilateralidad» decidió separarse de España, en un «cóctel explosivo» al que se sumaban el «poder del uso coercitivo del derecho, el poder de unos Mossos d’Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión» y de «murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad del Estado».
De esa forma, ha añadido, «se incurre en violencia y en intimidación», y cuando se activó el artículo 155 de la Constitución «no existía otra posibilidad de llevar a cabo una vuelta a la legalidad».
Cadena ha indicado que sí existe un «derecho a decidir», si bien éste «corresponde a todo el pueblo español, no puede otorgarse fuera de los modelos previstos».
Ha hecho hincapié en que «unos pocos no pueden decidir sobre lo que es de todos», y apuntado que «Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña de los catalanes independentistas, sino de todos».
El fiscal ha analizado el contenido de las leyes de desconexión cuyo impulso constituye parte de la acusación contra los 12 líderes independentistas juzgados, por impulsar mediante estas normas de «aventura» la declaración de un Estado propio en Cataluña en forma de república.
Ha dicho que esto constituye un «ataque abierto al orden constitucional» y «desborda por completo», entre otros, el artículo 9 de la Carta Magna que consagra el respeto a la ley.
«La soberanía reside en el pueblo español, y esto es un valor absoluto que no se puede sustituir por la soberanía de los pueblos que lo integran», ha indicado.
Cadena también ha defendido la «generosidad» de la Constitución española respecto de otras normas constitucionales europeas como la alemana, que directamente prohíbe partidos que promuevan la independencia de parte de su territorio.
El fiscal ha insistido en que la Carta Magna defiende el derecho a tener una ideología independentista, pues «no es una Constitución militante», por lo que ha replicado a las defensas de los acusados que «el derecho a la libertad ideológica no ha sido vulnerado».
«No es el genotipo; éste se respeta, pues uno puede tener las ideas que quiera. Lo que se penaliza es el fenotipo, una actuación que tiene prevista la subversión y la ruptura del orden constitucional», ha remarcado.
«No fue un grupo de ciudadanos que pretendiera acceder al poder, sino una comunidad que ha decidido separarse del Derecho para lograr sus fines. Y junto a ello, el poder de los Mossos d’Esquadra, que se pusieron del lado de la rebelión», ha expresado.
El fiscal ha explicado que todo esto es lo que ha llevado al juez instructor, Pablo Llarena, y al tribunal a mantener a nueve de los exdirigentes catalanes acusados en prisión provisional, debido a la «pluralidad de actos de delito durante un largo periodo de tiempo» por parte del gobierno catalán y el Parlamento catalán, «con incitaciones directas a la ciudadanía» con el objetivo último de «derogar la Constitución» en Cataluña.
Ha argumentado que a la gravedad de los delitos de los que se les acusa, se unen los riesgos de fuga y de reiteración delictiva que los magistrados han confirmado que han existido durante todo el procedimiento.
Respecto al riesgo de fuga ha apuntado que otros cinco investigados, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, se fugaron.
Y del de reiteración delictiva ha indicado que el Libro blanco de la transición nacional ya decía que «había que insistir» en los comportamientos investigados para conseguir el fin último de la independencia.
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