El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha impugnado hoy todas y cada una de las cuestiones previas expuestas ayer por las defensas de los 12 líderes independentistas que están siendo juzgados por el procés, y que pretenden la nulidad del procedimiento alegando vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción del proceso.
Zaragoza ha destacado que afirmar que los acusados están siendo juzgados por sus ideas es «una falacia de colosales dimensiones» que «debe ser proclamada a los cuatro vientos».
Ha expuesto que en esta causa «no se persigue una ideología» que puede ser defendida en un sistema democrático, sino unas acciones por las que se trató de imponer un determinado planteamiento político a los demás.
«Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas», ha subrayado.
Ha destacado que «parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad», dirigidos a desprestigiar a la justicia española y, por ende, a «cuestionar la calidad democrática de nuestro estado de derecho».
Ha hecho hincapié en que este «es un juicio en defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978, que garantiza los derechos de todos los que formamos parte de este país».
En su exposición, que ha durado una hora, Zaragoza ha denunciado que las defensas han intentado «transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado», que en este asunto no ha hecho más que «restaurar el orden político mediante el único instrumento en una sociedad democrática, que es la aplicación de la Ley».
Ha defendido la imparcialidad e independencia de los siete magistrados del Supremo que juzgan este caso, Manuel Marchena (presidente de la Sala de lo Penal), Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo.
«Unos días atrás, la editorial de un medio decía que no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino a dirigentes que querían arrebatarlas».
El fiscal ha recalcado que el ejercicio de los derechos políticos no justifica sustituir la Constitución por una legalidad paralela, imponer coactivamente un proceso de segregación territorial, desobedecer de forma reiterada, sistemática y contumaz al Tribunal Constitucional y llamar, incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos han protegido urnas y centros electorales sabiendo que se les abocaba al choque violento.
En este punto, Zaragoza ha aludido a la consulta ilegal del 9N, en la que se pretendieron ejercer los derechos políticos al margen de las leyes y se vulneraron los derechos del resto de ciudadanos que no participaron.
También ha hecho una defensa de la actuación de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad durante el referéndum del 1-O. Ha criticado a la defensa de Jordi Cuixart que haya comparado «el uso legítimo y proporcional» de los agentes policiales con «torturas».
«Es un disparate jurídico de dimensiones importantes», ha dicho, máxime cuando fueron los líderes independentistas los que «movilizaron a miles de ciudadanos como muros humanos e impidieron la legítima función policial», que trataban de dar cumplimiento a un mandato judicial de impedir este referéndum ilegal.
Ha añadido que en esa jornada tan sólo hubo dos heridos graves, pese a las cifras que dio la Generalitat de Cataluña.
Zaragoza ha dicho que a nadie debe extrañarle que la Justicia penal reaccione ante individuos que «violan las normas más elementales de la convivencia y lo hacen mediante la ejecución de actos de enorme gravedad que suponen una grave agresión al orden constitucional».
«Es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional que consagró la constitución de 1978, que en Cataluña tuvo el respaldo del 62 por ciento del censo electoral», ha sentenciado.
