El Ministerio de Justicia ha acordado conceder la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort al magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Javier Orduña Moreno, por «los méritos y circunstancias que concurren en su persona».
La solicitud ha sido promovida por la Universidad de Valencia, de la que fue catedrático hasta 2011, cuando fue elegido para ser magistrado del Alto Tribunal.
Aunque todavía no se ha fijado una fecha para la imposición de la Cruz de Honor -la segunda en importancia de la Orden-, se baraja la fecha del jueves 28 de febrero en la Facultad de Derecho de la citada Universidad. A la misma probablemente asistirá la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Catedrático a los 32 años, discípulo de Vicente Montés Penedés, quien a su vez lo fue de Luis Díez-Picazo y Ponce de León, era director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, hasta su nombramiento como magistrado, en 2011, por el turno de juristas de reconocido prestigio, sustituyendo, precisamente a Montes, quien había fallecido.
La llegada de Orduña Moreno al Supremo supuso la entrada de nuevos aires a la cúspide de la jurisdicción civil española.
Orduña Moreno fue, en 2013, el autor de un voto particular histórico en un Pleno de la Sala, que secundó su veterano compañero Xavier O’Callaghan Muñoz.
Los dos votaron en contra de establecer el límite temporal del 9 de mayo de 2013 para las reclamaciones de las cláusulas suelo.
Un voto particular que facilitó la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que dio la razón a los dos “discrepantes” en 2016, haciendo modificar la jurisprudencia del Supremo.
Y no ha sido la única vez que ha dejado su huella.
Recientemente publicó un libro, “La transparencia como valor del cambio social: su alcance constitucional y normativo”, del que nos hicimos eco en Confilegal, junto a Carlos Sánchez Martín, letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y magistrado, y a Raquel Guillén Catalán, coordinadora.
En el mismo planteaba que la transparencia, un valor que considera transversal, tendría que ser elevado a principio general del derecho y, en su caso, a un valor constitucional.
