El derecho de defensa en Colombia, en tela de juicio

Ridículo de la Fiscalía colombiana al descubrir la Justicia española que se había anulado la captura de Mattos

26 / 02 / 2019 06:15

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El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Alfonso Guevara, suspendió ayer la vista sobre la extradición del empresario hispano-colombiano, Carlos Mattos Barrero, solicitada a instancias de la Fiscalía General de Colombia, después de que la defensa entregara un documento firmado por un juez de garantías de Bogotá que anulaba la orden de su búsqueda y captura.

El presidente del tribunal leyó atónito el documento firmado por Jairo Alfonso Bustos, juez del Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá, con fecha 31 de enero pasado en el que anulaba la detención preventiva dictada el pasado 4 de octubre, dictada por otro Juzgado, el 27 Penal Municipal, al no haberse respetado las garantías procesales y por haberse ignorado las pruebas aportadas.

La Fiscalía colombiana debía haber informado a la Audiencia Nacional de este último acontecimiento a fin de que no se hubiera celebrado la vista, por lo cual quedó en ridículo ante órgano judicial.

El empresario citado está acusado por la Fiscalía de Colombia de varios delitos relacionados con el traspaso de la concesión de Hyundai en Colombia, que antes ostentaba él, a un grupo rival ecuatoriano, liderado por el magnate Eljuri. 

El tribunal español ha ordenado que se acredite la suspensión decretada por el citado juez colombiano.

El fiscal general de la Nación de Colombia, Nestor Humberto Martínez Neira, en una foto oficial. FGN.

El fiscal general de Colombia es, precisamente, Néstor Humberto Martínez Neira, anteriormente abogado personal de Mattos, con el que este ha tenido fuertes «desencuentros». 

Martínez Neira fue denunciado en Estados Unidos, a finales del año pasado, por uno de los líderes más importantes de Colombia, el periodista Gonzalo Guillén, por los delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos.

Confilegal reveló, el pasado mes de octubre, que el fiscal general de Colombia cobró parte de sus emolumentos, por los servicios legales realizados en su país -algo ilegal- cuando dirigía su despacho de abogados, en el extranjero, en una empresa pantalla llamada Saint-Remy Investments Ltd., cuya jurisdicción de incorporación es desconocida.

Recientemente se ha visto en tela de juicio por sus conflictos de intereses en el caso Odebrecht en Colombia, el mayor escándalo de sobornos de la historia de Latinoamérica, que ha implicado a gobernantes, diputados, empresarios y funcionarios de todos los grandes países del subcontinente.

 

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