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El exfiscal general de Colombia utilizó a dos «fiscales de confianza» para encarcelar al abogado Vernot

DE ACUERDO CON LA DENUNCIA PRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL El exfiscal general de la Nación de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, entre los dos fiscales designados, Álvaro Enrique Betancurt Martínez, a la izquierda, y Daniel Ricardo Hernández Martínez, a la derecha.
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Es lo que se desprende de la queja disciplinaria interpuesta ante Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación, contra los fiscales Álvaro Enrique Betancurt Martínez y Daniel Ricardo Hernández Martínez.

El denunciante es el abogado Oswaldo Sepúlveda, que representa a su colega Alexandre Vernot –excandidato a la alcaldía de la capital de Colombia, Bogotá, quien permanece en prisión desde el 28 de septiembre pasado.

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Ambos fiscales, según el escrito, propiciaron el encarcelamiento de Vernot, basándose en el testimonio de un segundo abogado, Luis David Durán, quien afirma que Vernot le ofreció 2 millones de dólares –algo que niega categóricamente Vernot– para que no colaborara con ellos y guardar silencio sobre el llamado caso Hyundai. 

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Un caso en el que el ya exfiscal general de Colombia, Nestor Humberto Martínez Neira, tuvo mucho que ver antes de asumir esa responsabilidad, como socio director del despacho DLA Piper Martínez Neira, y después también, señala la denuncia, que tiene fecha 12 de abril, a la que ha tenido acceso Confilegal.  

«Siguiendo instrucciones precisas del Fiscal General de la Nación [entonces Martínez Neira], de quien estos dos fiscales han ocultado en las investigaciones que adelanta la propia Fiscalía General, su actuar como abogado, así como la eventual y posible responsabilidad en los hechos que se investigan, sin que se involucre a este (el Fiscal General), a su firma de abogados y a sus abogados en la investigación que cursa, así como tampoco la relación con la juez 16 civil municipal», dice la queja.

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Ambos fiscales desembarcaron en el caso Hyundai el 5 de enero de 2018 por designación de la entonces vicefiscal –número 2 de Martínez Neira–, María Paulina Riveros Dueñas.

Betancurt Martínez como jefe y Hernández Martínez como apoyo.

El objetivo era investigar si el sistema de reparto de los juzgados de Bogotá había sido manipulado para hacer que el caso Hyundai cayera en un juez determinado, Reinaldo Huertas, titular del Juzgado Sexto Civil del Circuito, en abril de 2016.

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Un juez que habría sido supuestamente sobornado por el empresario Carlos Mattos y que falló, finalmente, a su favor.

LOS ANTECEDENTES

Mattos era el dueño de la Hyundai Motor Company, quien había perdido la concesión de la distribución de los vehículos coreanos para Colombia el 15 de septiembre de 2015.

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Un monopolio que había disfrutado durante 25 años. Pero se acabó.

La sociedad beneficiada fue Neocorp, propiedad del magnate ecuatoriano Juan Eljuri. 

Como era de esperar, Mattas presentó batalla judicial, interponiendo una demanda contra los coreanos en febrero de 2016. 

El juez Huertas, decidió, como medida cautelar que solo Mattos podía hacer negocios con Hyundai Corea mientras la demanda contra esa multinacional se estudiaba.

En la misma, Mattos exigió una indemnización de 770.000 pesos colombianos (223,2 millones de euros), con la argumentación de las enormes inversiones que había tenido que hacer para posicionar la marca.

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La decisión fue confirmada en segunda instancia por el juez Orlando Ramírez Fuentes. 

Como consecuencia, 9.143 vehículos importados por Neocorp quedaron bloqueados en las zonas francas durante varias semanas.

Finalmente Mattos y Hyundai llegaron a un acuerdo en noviembre de 2016 por 29,7 millones de euros, que desbloqueó definitivamente la situación.

VERNOT NO TUVO RELACIÓN CON LOS HECHOS 

La denuncia del abogado de Vernot pone negro sobre blanco el papel jugado por el fiscal general de Colombia, en esa época, cuando todavía no había sido nombrado [su nombramiento fue en agosto de 2016].

Porque fue el bufete DLA Piper Martínez Neira el que articuló la estrategia legal contra Neocorp, interponiendo la demanda, en nombre de Matta, el 2 de diciembre de 2015. Y las posteriores acciones legales. 

Vernot, afirma su abogado, no tuvo nada que ver en aquella operación.

A diferencia de Martínez Neira.

«El abogado que diseñó la estrategia jurídica civil, designó los abogados (entre los que no estuvo Alexandre Vernot), elaboró las demandas y las medias cautelares, una de las cuales la presentó ante el Juzgado 16 Municipal de Bogotá [Ligia del Carmen Hernández Pérez, competente en el trámite de la demanda de medidas cautelares], cuya titular en Audiencia de Imputación de Cargos, celebraba en enero de 2019, aceptó que recibió dineros por decretar dichas medias, solicitadas por la firma de abogados de Néstor Humberto Martínez, por un  abogado de él y claro por él mismo, que era quien tenía el poder de su excelente», avanza la denuncia.

«Por el decreto de esas medidas cautelares, de conformidad con la oferta presentada por Néstor Humberto Martínez, éste cobró honorarios y pretendía que le pagaran una prima de éxito equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los bienes objeto de las mismas o el diez por ciento (10%) de la caución requerida, aproximadamente 3,5 millones de dólares, unos 10.500 millones de pesos«, añade.

Una cantidad que, al parecer, no llegó nunca llegó a cobrar su antiguo despacho.

Es ahí cuando comenzaron los desencuentros entre el empresario y su exabogado, convertido en fiscal general de la Nación, que trató de mantener su «imparcialidad» absteniéndose en el caso, o como se dice en Colombia, declarándose impedido.

Aunque solo en apariencia.

LOS DOS FISCALES NO VIERON NADA DE TODO ESTO 

De lo que se deduce de la queja del abogado de Vernot, es una supuesta operación vengativa contra Mattos en la que el excandidato a la alcaldía de Bogotá es un cabeza de turco.

Una operación en la que los dos fiscales habrían llevado a cabo lo que en España se denominan investigaciones prospectivas o generales, dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito, así como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar –sin verdadero soporte real–, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales.

«Todo esto sucede bajo un plan de ‘inventar’ un delito que no pasó, apoyado en una declaración falsa de un delincuente confeso, Luis David Durán, que buscaba ‘callar’ al señor Alexandre Vernot para no hablar de las pruebas del C.T.I. [la policía judicial colombiana] que demostraban que no hubo manipulación del reparto, que las capturas realizadas por este delito fueron ilegales y que el Fiscal General había mentido cuando afirmó ‘tener evidencia’ de la manipulación del reparto en el caso Hyundai«, señala el abogado de Vernot.

Por todo ello, considera que los dos fiscales atentaron contra el debido proceso construyendo una «legalidad secreta de «orden personal que repugna al estado de derecho». 

Vernot fue encarcelado preventivamente hace 9 meses, después de que Luis David Durán le acusara de intento de soborno, por una parte, y de que un funcionario de los Juzgados de Bogotá, Edwin Fabian Macías Castañeda, acusado por el asunto del reparto, se aviniera a admitir que sí que existió, después de reunirse con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y la vicefiscal general, María Paulina Riveros Dueñas, y que estos le aseguraran la inmunidad total a cambio de su declaración.

Fue el 27 de septiembre de 2018, un día antes de que Vernot fuera detenido.

«Esta circunstancia fue ocultada por los fiscales Álvaro Enrique Betancurt Martínez y Daniel Ricardo Hernández, en la investigación» del caso Hyundai. 

Y casi, concluyendo, el abogado relata una evidencia: «En la investigación del caso Hyundai nunca se menciona a Néstor Humberto Martínez hoy Fiscal General de la Nación, cuando fue él: el creador, director y ejecutor de toda la estrategia legal, incluidas las demandas de Medidas Cautelares ante los Juzgados 6 Civil del Circuito y 16 Municipal».

Una línea de investigación que no se ha explorado y que deja a los dos fiscales en muy mala situación. 

Según el abogado de Vernot, sus actos encajan en el artículo 48.4 de la Ley 734 de 2002, que define las faltas gravísimas como «Omitir, retardar u obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función».

La pelota queda en el procurador general de la Nación, el órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado Colombiano.

Toda una «patata caliente».