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Transparencia para elegir a los jueces de la Corte Suprema de Colombia

A la derecha el Palacio de Justicia de Bogotá, capital de Colombia, en cuyo interior tienen sus sedes la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; éste último órgano realiza los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, sobre lo que versa la columna del abogado penalista Víctor Andrés Salcedo Fuentes.
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A mí me enseñaron que las decisiones judiciales se respetan, pero también que no son infalibles y que, con su sano debate, se puede hablar del derecho viviente.

Para ciertos personajes de la vida política del país, cuando les convienen o son favorables, aquellas son acertadas y cuando no son equivocadas.

Los mismos que hoy aplauden la medida de aseguramiento contra el expresidente, Álvaro Uribe, ayer atacaban la justicia y las instituciones ante organismos internacionales, desconocen fallos de responsabilidad fiscal por mal manejo de dineros públicos y sanciones disciplinarias por incumplir con sus deberes funcionales.

Sin embargo, nada les pasa, siguen campantes viviendo del presupuesto público, porque eso sí, más nada saben hacer.

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Yo tengo mis reparos de fondo a la decisión de la Corte, no por razones políticas, sino desde la óptica del derecho penal que es mi campo de acción profesional, no puedo ser tibio y  por ello espero no ser tildado como irrespetuoso.

Se pregona a dos vientos que la libertad es un pilar de nuestra democracia, que solo se puede restringir de manera excepcional, por ello las medidas de aseguramiento tienen unas finalidades que se deben observar.

En el caso de Uribe, la misma se impone para que no obstruya la justicia y la prueba.

Sin embargo, los presuntos hechos ya están consumados y la prueba asegurada, es más, la decisión tiene más cara de sentencia que de un auto interlocutorio, es casi una providencia condenatoria, ¿entonces para qué restringir la libertad?

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Si usted como juez tiene pruebas y razones para enviar a prisión a una persona, ¡encarcélela!, pero si no, déjela asumir el proceso en libertad.

Se evita la vulneración anticipada de derechos fundamentales y de la presunción de inocencia, y de otra parte se disminuye la posibilidad de condenas contra la nación por errores judiciales.

La domiciliaria es la típica medida insípida y sin sentido. Es como para complacer al auditorio. Un término medio.

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En el caso de Uribe no tiene utilidad judicial práctica y sí adelanta y alienta la inevitable confrontación social, en un país polarizado y lleno de resentimientos y odios políticos.

LA ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA ES OPACA

Urge una verdadera reforma a la ley penal, que disminuya al máximo la discrecionalidad del juez al momento de valorar la imposición de medidas de aseguramiento y que aleje nuestro sistema judicial de teorías como la del derecho penal del enemigo y que la acerque a una realmente garantista.

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Que las tesis del sistema internacional de derechos humanos no solo se reciten y evalúen en las capacitaciones de la Escuela Judicial, sino que realmente se apliquen y respeten sin miedo, hoy día son pura retórica.

Pero antes de ello, se debe reformar al menos, la manera como se eligen los magistrados de altas cortes.

Actualmente no hay transparencia en dichos procesos, se desconocen cuáles son las verdaderas razones de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para confeccionar las listas.

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Existe mucha más exigencia para ser magistrado de un tribunal que para llegar a la Corte Suprema.

A esta última no se llega si no se tiene respaldo en la misma Sala, es una realidad y el país y la sociedad no jurídica deben saberlo, porque para los que estamos en estas lidias judiciales no es ninguna novedad.

¿Será mucho pedir que se inviertan recursos legislativos y presupuestales en la implementación de concursos de mérito, con exámenes de conocimiento y valoraciones objetivas e imparciales de hojas de vida?

Los problemas en los procesos para llenar las vacantes fueron destapados ante el país por sus mismos protagonistas, por poco se quedan sin quórum.

Hoy esos nombramientos están demandados ante el Consejo de Estado.

Se ha pretendido legitimar las elecciones convocando a los abogados a que se inscriban en masa y somos tan ingenuos que con nuestras inscripciones seguimos convalidando tan deslegitimado sistema de selección.

Respetados señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura: mientras se llega a un consenso sobre la inevitable reforma a la justicia, ¿qué les parece hacer públicas las sesiones donde se debate quiénes son los ungidos y quiénes no, para integrar las listas de altas cortes?

Es hora que se le imprima algo de mérito a la elección de magistrados de altas cortes; sin eso, seguiremos teniendo un país que no reconoce como legítimas las más trascendentales decisiones judiciales o por lo menos, que las seguirá reconociendo dependiendo de sus intereses, personales, litigiosos y políticos.

P.D.: A propósito de condenas contra la nación por privaciones injustas de la libertad y errores judiciales, ¿cuántas acciones de repetición hay contra quienes las han ordenado? Mientras las sigamos pagando todos los colombianos con nuestros impuestos, la libertad en el proceso penal será la excepción y no la regla.