Un informe forense encargado por la Dirección General para la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, emplaza al Estado a exhumar los restos de entre 20.000 y 25.000 víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco.
El trabajo, realizado por once expertos coordinados por el doctor Francisco Etxebarría, antropólogo forense, el mismo que determinó que los restos óseos encontrados en la casa de los padres de José Bretón correspondían a sus dos hijos pequeños, analiza el estado actual de las exhumaciones en las fosas comunes.
«Urge la asunción de un compromiso activo por parte de las autoridades en la investigación de la suerte y el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, así como en la recuperación de los cuerpos», dice el documento cuyo contenido ha sido dado a conocer este lunes por Justicia en una nota de prensa.
Entre el 2000 y el 2018 se exhumaron 740 fosas comunes
El informe concluye que entre 2000 y 2018 se exhumaron 740 fosas comunes en diferentes puntos del territorio nacional y se recuperaron más de 9.000 cadáveres, gracias fundamentalmente al impulso de las asociaciones de memoria histórica.
Se trata, en su mayoría, de víctimas civiles enterradas en cunetas, descampados, montes, cementerios (intramuros y extramuros), abandonadas en el terreno de los frentes de guerra o muertas en custodia.
Los análisis posteriores encaminados a establecer la identificación de estos restos óseos y esclarecer las circunstancias de la muerte se ha realizado de forma desigual. En este sentido, los expertos apuestan por la coordinación nacional de las diferentes iniciativas de identificación genética de víctimas llevadas a cabo por los distintos territorios.
Red de laboratorios de genética
Ello implicaría, según el informe, el desarrollo de una red de laboratorios de genética forense de la memoria histórica y de una base de datos nacional de ADN coparticipada por las Comunidades Autónomas para poder disponer de un repositorio común de perfiles biológicos de víctimas y familiares.
Esa sería la parte más costosa del programa que se pusiera en práctica ya que la identificación de los fallecidos habría que hacerse obligatoriamente por ADN mitocondrial, una prueba mucho más cara que la del ADN simple.
El informe recomienda, entre otras actuaciones, la realización de un censo de víctimas que unifique los datos de los que actualmente disponen las diferentes comunidades autónomas y la puesta en marcha de un proyecto de investigación que conduzca a un registro detallado sobre la localización de las fosas comunes en todo el territorio nacional.
Ello permitiría la elaboración de un nuevo mapa de fosas que supere el desfase actualmente existente y posibilite al usuario, a través de internet, la realización de búsquedas avanzadas.
Creación de un archivo unificado
Los expertos piden también al Estado que impulse la creación de un archivo unificado de los testimonios orales de la Guerra Civil y la Dictadura como fuente histórica de la memoria de sus víctimas, para lo cual proponen un protocolo de actuación.
En línea con las conclusiones del informe, y tal y como se expuso en la reunión sectorial de memoria histórica celebrada la pasada semana con los representantes autonómicos, el Ministerio de Justicia está dando los primeros pasos para cumplir con las recomendaciones de los expertos.
Así, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha comenzado los trabajos preliminares para coordinar la base de datos nacional de ADN, y desde la Dirección General para la Memoria Histórica se trabaja, en colaboración con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, en un plan de choque para que las exhumaciones se lideren desde las administraciones públicas y puedan ejecutarse en un plazo temporal de una legislatura y media trabajando de forma sistemática. EP.
