El expresidente catalán Artur Mas ha reconocido hoy en el juicio del ‘procés’ que asistió a reuniones informales a lo largo de 2016, convocadas por su sucesor en cargo, Carles Puigemont, y que en esos encuentros trataron sobre el referéndum y la Ley de Transitoriedad, y se habló de que «lógicamente» tendrían poco recorrido porque serían anuladas por el Tribunal Constitucional.
Ha contado que a esos encuentros asistieron encausados en este procedimiento como el exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el número dos de Junqueras, Josep María Jové o la huida de la Justicia Marta Rovira.
Mas ha sido el segundo testigo en comparecer en la vista. Su declaración fue solicitada por la acusación popular ejercida por VOX y por varias defensas.
Mas ha insistido en varios momentos del interrogatorio en que su voluntad era explorar todas las vías posibles de acuerdo con las autoridades del Gobierno y que aconsejó elecciones ante la dificultad de llevar a término el plan independentista.
Ha dicho que no se opuso al referéndum ilegal del 1-O, peroque advirtió a Puigdemont, que lo llevara a cabo en un marco legal que el gobierno catalán pudiera controlar, por lo que no debía «abandonar la capacidad de convocar elecciones».
Ha contado que dio ese consejo a Puigdemont tras su «experiencia» por la organización del referéndum ilegal del 9-N.
Preguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre las reuniones informales convocadas por el «procesado rebelde», Mas ha puntualizado «por el president, el muy honorable Carles Puigdemont», y ha indicado que en principio en dichas reuniones se discutía sobre un referéndum pactado en las que Puigdemont hablaba de ofrecer un pacto sobre fechas, la pregunta a realizar o condiciones.
Repreguntado sobre la Ley de Transitoriedad ha admitido «era una expresión jurídica, para llegar a la independencia por un proceso ordenado», y que si se mandó al Parlamento catalán para ser aprobada fue porque se buscaba que tuviera efectos jurídicos.
Mas también ha reconocido a preguntas del fiscal que el referéndum del 1-O era «algo que perfeccionaba» el del 9-N, ya que después de votación se celebraron unas elecciones autonómicas «plebiscitarias» en las que ya no estaba sobre la mesa el derecho a decidir, sino independencia sí o no.
Ha indicado que salió una mayoría que apoyaba la primera opción y que se consideró un mandato y que ante la imposibilidad de de encontrar vías de acuerdo con el Estado «no se pararon las máquinas».
DICE QUE LA VINCULACIÓN DEL GOBIERNO DE PUIGDEMONT CON EL 1-O ‘FUE MENOR’ QUE LA DE SU EJECUTIVO CON EL 9-N
La comparación del referéndum ilegal con la consulta del 9-N ha reaparecido durante el interrogatorio a Mas por parte de la abogada del Estado, Rosa María Seane. Mas ha señalado que la vinculación del gobierno de Puigdemont con el 1-O «fue menor» que la de su ejecutivo con el 9-N, razón por la que él ha sido condenado a pagar 5 millones de euros por los gastos que generó esta consulta ilegal realizada en 2014.
También le ha costado una condena de trece meses de inhabilitación.
En el caso del referéndum ilegal ha recordado que no hubo ninguna financiación pública y que el peso organizativo fue de la sociedad civil, si bien ha reconocido que en las reuniones se hablo de los locales que se podían poner a disposición del referéndum.
Ha manifestado que el 9-N fue una experiencia que «les marcaba el camino de lo que podía hacer el Gobierno» y teniendo en cuenta que en dicha ocasión fueron acusados «de desobediencia, de nada más».
Mas también ha señalado a preguntas de la abogada del Estado que existía una «obsesión» del gobierno catalán porque «todo tuviera un apoyo legal» y que estaban «entrenados para suspensiones del Tribunal Constitucional automáticas» y no solo en relación con el proceso independentista.
Anteriormente había reconocido ante las preguntas del abogado de VOX Pedro Fernández que él tuvo la iniciativa de plantear al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la conveniencia de que contaran con «personas interpuestas» que les permitieran mantener un «hilo de diálogo como cauce para identificar soluciones ante una realidad política».
En dichos encuentros acudía una personas por parte de Rajoy, otra por el ejecutivo catalán y una tercera aportada por el líder de la oposición, entonces el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
A preguntas del abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, Mas también ha reconocido que en esas reuniones previas al 1-O se habló sobre la posible actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en esta jornada.
«Yo pensé que la reacción del Gobierno central nunca sería una reacción de mandar a las fuerzas de orden público para intervenir, otra cosa es que las mandara para advertir. Y me equivoqué, pensé que el Estado tenía mecanismos suficientes para, desde un punto de vista jurídico, desnaturalizar el referéndum aun a riesgo de que se celebrara», ha afirmado.
