María Teresa Magdalena Anda, magistrada del juzgado de lo Social Número 4 de Oviedo, ha fallado, en una sentencia fechada el pasado 25 de febrero, que «el contrato por el que se rige la colaboración entre Glovo y los repartidores que colaboran con la plataforma es válido, reconociendo así la plena legitimidad de su modelo de negocio».
La «startup» española Glovo, es una aplicación que te permite recoger y enviar al momento cualquier producto dentro de una misma ciudad.
Cuenta con más de 2,5 millones de usuarios y 10.000 partes asociados, repartidos por 22 países distintos.
Tercera resolución favorable para la empresa en menos de seis meses
Esta resolución es la tercera favorable para la empresa en menos de seis meses, en un momento en el que se han sucedido distintas sentencias contradictorias.
La sentencia llega a la conclusión de que “el precio de cada servicio que lleva a cabo un repartidor de Glovo se fija cada vez que un usuario solicita dicho servicio y viene dado por la distancia recorrida, así como por el tiempo en realizar el servicio.”
Además, también se destaca que “el profesional independiente tiene libertad para organizar la prestación de servicios y el horario lo marca él mismo.”
«No hay exclusividad y el profesional tiene total libertad para colaborar con otras plataformas”
Glovo ya ha superado una inspección laboral en Barcelona y su modelo ha sido validado por la justicia italiana y española en cuatro ocasiones durante los últimos meses.
Aun así, la compañía hace especial hincapié en la necesidad de buscar soluciones legislativas y no judiciales para esta actividad, tal y como citaba el juez del Tribunal Social de Madrid que desestimó los argumentos de Glovo este mismo mes de febrero.
Sacha Michaud, cofundador de Glovo, afirma que “en Glovo desde el inicio hemos confiado en la legalidad y viabilidad de nuestro modelo de negocio. Considero importante destacar que en los últimos meses se ha judicializado no solo el negocio de Glovo, sino también el sector de las plataformas digitales en un escenario carente de un marco normativo adaptado a las nuevas relaciones laborales».
