EL TSJIB desoye al fiscal superior de esa Comunidad y mantiene la querella contra el fiscal anticorrupción y el juez
José Francisco "Kiko" Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, a los que el magistrado Florit ordenó incautar sus útiles de trabajo para saber quién está filtrando información sobre el caso Cursach. Foto: EP

EL TSJIB desoye al fiscal superior de esa Comunidad y mantiene la querella contra el fiscal anticorrupción y el juez

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09/3/2019 06:15
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Actualizado: 09/3/2019 02:33
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La magistrada instructora del caso de la incautación de los móviles a periodistas, Felisa Vidal, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), ha desestimado la petición de archivo definitivo de la querella contra el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, y el magistrado Miguel Florit, presentada por el fiscal superior de esa Comunidad, Jaume Barceló.

La querella fue presentada por Europa Press y Diario de Mallorca por haber incautado e intervenido los móviles de los periodistas que informaban sobre el caso Cursach.

Los supuestos delitos que les atribuyen son prevaricación, interceptación ilegal de las comunicaciones, contra la intimidad, contra la protección de datos de carácter personal, contra el ejercicio de otros derechos cívicos y vulneración del secreto profesional periodístico.

La petición de archivo ha partido nada menos que del equivalente fiscal al presidente del Tribunal de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), cargo que ocupa Antoni Terrasa.

La magistrada Vidal ha negado el archivo explicando que la investigación se encuentra en una fase temprana.

Y afirma en el auto, al que ha tenido acceso Confilegal: «De lo actuado hasta el momento no se puede descartar que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de infracción penal».

La instructora del TSJIB explica que las alegaciones del fiscal superior de Justicia, indicando que «no es suficiente la investigación efectuada hasta el momento» ya que «ni tan siquiera» se ha tomado declaración al juez Florit, al fiscal Carrau o a los periodistas afectados, diligencias que «se revelan como imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos».

DUDAS DE LA INSTRUCTORA

«Las meras afirmaciones no son suficientes para tener por cierto lo que se afirma», añade.

«Quizás el Ministerio Fiscal conoce datos desconocidos por la instructora ya que lo cierto es que las diligencias practicadas hasta el momento no permiten realizar estas aseveraciones. No solo fueron incautados dispositivos electrónicos sino también documentos respecto de los cuales no se ha ofrecido respuesta acerca de si se accedió a los mismos y de si fue examinado su contenido«, señala.

Vidal contestaba así a las afirmaciones de Barceló, de que la orden «de incautación no perseguía revelar las fuentes de los periodistas porque, mantenía, ya eran conocidas por otras vías de investigación».

Además, la juez añade que, precisamente, la identificación de las fuentes y el modo en el que se llevó a cabo es una cuestión vinculada a la ampliación que presentaron los periodistas, que incluyeron en su denuncia las órdenes para obtener datos telefónicos -listados de llamadas y posicionamientos- de los teléfonos móviles de los redactores.

La magistrada del TSJIB alude «singularmente» a un auto en el que Florit, al dictar una orden para obtener estos datos, reconoció expresamente que en ese momento no tenían identificados a los posibles autores de la filtración y que lo que se perseguía con esa medida era «averiguar su identidad».

La Fiscalía también planteaba el archivo apoyándose en que el auto de incautación fue finalmente anulado, pero la juez no acepta que esto dejara «incólume la protección del secreto profesional».

MANTIENE LA QUERELLA CONTRA EL FISCAL CARRAU

Además, la magistrada no sólo considera que sigue estando vigente la admisión a trámite de la querella por prevaricación judicial, sino que «cabe su admisión por los otros posibles delitos».

También se ratifica en lo relativo al fiscal Carrau, al que los periodistas situaban como «inductor» de las decisiones del juez.

La instructora Felisa Vidal considera que aceptar los argumentos de Fiscalía «llevaría a que sería conceptualmente imposible la comisión de delitos de prevaricación judicial tanto en concepto de autor como de partícipe».

Señala que una cuestión es que el fiscal no pueda cometer prevaricación judicial -puesto que sólo puede hacerlo un juez- y «otra bien distinta, que se le permita inducir al juez o cooperar con el mismo impunemente».

En esta línea, considera que no está excluido «que teóricamente pueda ser exigida» a un fiscal «responsabilidad» por su participación en los hechos, ya que de otro modo se crearía «una zona de impunidad no admisible» respecto a los fiscales.

Al margen de estos fundamentos teórico-doctrinales, entrando a examinar el caso de los periodistas, la instructora del TSJIB cree que debe incluirse al fiscal para investigar su «posible participación» en «el delito de prevaricación presuntamente cometido por el señor Florit».

Vidal entiende que el hecho de que los informes de Fiscalía no sean vinculantes no impide «que la conducta del fiscal pudiera ser constitutiva de delito».

Además, recalca que el juez Florit no se apartó del dictamen del fiscal sino que adoptó las medidas que éste le había pedido, y con el alcance que había solicitado Carrau.

Igualmente, Vidal tilda de «sintomático» que no conste en los informes del fiscal «un juicio de ponderación de los intereses en conflicto», es decir, que no valorase el choque entre la investigación del delito de revelación de secretos y la protección del secreto profesional.

«En el informe de 27 de noviembre de 2018 ni tan siquiera se menciona el secreto profesional de los periodistas», incide.

Además, la magistrada recuerda que varios policías, al ser interrogados, contaron que el fiscal estaba «indignado» por la publicación en prensa del informe sobre el ‘caso Cursach’, que le pidió al juez que se investigara la filtración y que una funcionaria comentó que «había mucho enfado» por este asunto.

INCAUTACIÓN DE MÓVILES

Se trata de un informe sobre el presunto fraude fiscal de las empresas del Grupo Cursach que fue publicado en primicia por Europa Press en julio de 2018. El diciembre, tres policías y una secretaria judicial se presentaran en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial y se incautaron del móvil de la periodista Blanca Pou y otros dispositivos.

Esa mañana también requisaron el móvil al periodista de ‘Diario de Mallorca’ José Francisco Mestre, en los Juzgados.

Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella contra Florit, que fue admitida a trámite. Posteriormente, el juez anuló el auto de requisa, diez días después de firmarlo.

Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez había ordenado en varias ocasiones rastrear los teléfonos móviles de periodistas y redacciones de medios de comunicación -casi tres años de datos en el caso de la redactora de Europa Press-

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