El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido hoy a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) que permite a los partidos políticos recoger opiniones de los ciudadanos en Internet y someterlas a tratamiento.
Dicho recurso ha sido presentado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que considera que el precepto impugnado vulnera los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1 de la Constitución.
El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y demás actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.
La modificación de dicho artículo se produjo a través de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, en su Disposición Final Tercera, apartado dos, aprobada el pasado mes de diciembre.
Tanto la Asociación Española Pro Derechos Humanos como un grupo de juristas compuesto por Borja Adsuara abogado y profesor de Derecho Digital, Centro Universitario Villanueva; José Luis Piñar, abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Universidad CEU San Pablo; Jorge García, abogado, Secuoya Group; Elena Gil González, abogada, Secuoya Group; Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI); Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet; Virginia Pérez, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Rodolfo Tesone, presidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Digital (ENATIC); Ofelia Tejerina abogada (AI); Carlos Sánchez Almeida (PDLI); Cecilia Álvarez abogada, delegada de Protección de Datos; y Lorenzo Cotino catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia, acudieron ante el Defensor del Pueblo para que interviniera.
Cosa que realmente ha hecho.
