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El exresponsable de Diplocat admite pagos a ‘visitantes internacionales’, que no ‘observadores’, el 1-O

Reconoce que la entidad pagó los viajes de parlamentarios europeos que se desplazaron a Cataluña en los días previos al 1-O, pero niega que lo hicieran en calidad de "observadores internacionales" para supervisarlo, pese a que la Generalitat les presentó asíAlbert Royo está imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O.
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El exsecretario general de Diplocat Albert Royo ha negado hoy en el juicio del ‘procés’ que desde esta institución se organizara y retribuyera la presencia de observadores internacionales para el referéndum ilegal del 1-O, si bien ha reconocido determinados pagos, como el de 49.531 euros en hoteles de lujo y vuelos a un grupo de “visitantes” entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017.

Albert Royo, que ha declarado como testigo, está imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum.

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A lo largo de su comparecencia ha tratado de desvincularse de la acusación que pesa contra él en dicha causa, en la que obran informes de la Guardia Civil que acreditan que con una tarjeta de Diplocat a su nombre se pagaron los gastos de los observadores internacionales en su viaje a Cataluña.

El Diplocat es un consorcio cuyo presupuesto procedía casi en su totalidad de la Generalitat y estaba presidido entonces por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Royo ha insistido en que la labor de este organismo era “explicar la realidad catalana mediante actividades de “diplomacia pública”, muchas de ellas desarrolladas a raíz de la consulta del 9-N.

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ha ido rechazando y matizando el sentido de cada una de las actividades que le iban indicando tanto la fiscal Madrigal como la abogada del Estado Rosa María Seoane o el abogado de VOX.

“No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales”, ha manifestado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, pese a que la Generalitat definió su visita como la primera “misión internacional de observación electoral”.

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Además, ha señalado que las actividades del Diplocat no tenían que ver con las realizadas por la Consejería de Exteriores del exconsejero Raül Romeva.

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EL BARÇA APORTÓ FONDOS AL DIPLOCAT

Ha explicado que “el presupuesto del Diplocat no lo decidía la Generalitat”, si bien su aportación “oscilaba entre el 85 y el 90 %” del total, complementadas por otras “aportaciones público-privadas” del resto de miembros del consorcio, formado por universidades, patronales, sindicatos y el equipo del F.C. Barcelona, entre otros.

Además, ha negado que el consorcio persiguiese hacer “diplomacia” con otros estados, sino hacer “diplomacia pública”, “reconocer los activos de un territorio” para “atraer interés, personas, talento inversiones y establecer lazos de confianza entre la sociedad civil de un territorio y otros”.

Royo también ha reconocido que este “grupo de expertos” que estuvieron en Cataluña desde días previos al 1-O, “querían estar” en la comunidad autónoma en esas fechas “para ver lo que sucedía”.

A preguntas de la Abogacía del Estado, el exsecretario general de Diplocat ha dado más detalles sobre el viaje de los citados “visitantes”, a los que según ha dicho les dio “total autonomía” para trabajar y “hablar con quien quisieran”.

“Lo que les pedíamos es que fuese un proyecto científico intachable”, ha expresado, y ha destacado que, de hecho, él mismo les sugirió que se reunieran tanto con el entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, como con representantes de la Generalitat.

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El abogado de la acusación popular que ejerce VOX, Javier Ortega Smith, ha querido saber por qué dio poderes de una cuenta bancaria al exrepresentante del Diplocat en Bruselas Pol Santaló. Royo ha contestado que éste le explicó que iban a organizar “muchas actividades” allí y por eso necesitaba fondos.

Ha dicho que no recuerda si fue antes o después del referéndum, pero sí que fue anterior a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre porque fue cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En respuesta a las defensas, ha justificado llamar “visitantes” y no “observadores” a los parlamentarios que estuvieron en torno al 1-O, porque “una misión de observación electoral no tiene nada que ver” con lo que hubo en Cataluña en esas fechas.

El Diplocat, con la invitación de esas personas, no podía “hacer eso” porque “la observación tiene que hacerla alguien de fuera del territorio, ya que, de lo contrario, no tiene ninguna credibilidad”. Y además, la misión de observación suelen llevarla a cabo “grandes organizaciones internacionales”.

A preguntas de Consuelo Madrigal, Royo ha contestado que no le consta que Diplocat organizara foros sobre independencia, y se ha puesto a leer el listado de actividades obrantes en la Memoria de este órgano correspondiente a 2017.

Entonces, el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, le ha interrumpido y le ha pedido que se ciñese a responder a las cuestiones planteadas.

Royo ha tratado de seguir explicándose, y el magistrado le ha dicho: “Cuando hable, no me interrumpa”.

La fiscal también le ha preguntado por Lloyd Dalziel y John Ault, quienes aparecen en los correos electrónicos incautados por la Guardia Civil a Romeva, y en los que hablaba con sus colaboradores, entre ellos Royo, sobre los pagos que se deberían hacer a los observadores internacionales y su alojamiento en hoteles de primera clase.

SE ADELANTARON OTROS 54.030 PARA UN ANÁLISIS QUE FUERON DEVUELTOS

Sobre los subsiguientes abonos de hoteles mediante una tarjeta de Diplocat a su nombre, Royo ha admitido el efectuado por favor de 40.591 euros, que ha vinculado con un “programa de visitantes internacionales” que se desarrollaba de forma habitual, “casi todos los meses” con independencia de que ese en concreto tuviera lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017.

Otras visitas, ha explicado se vinculaban a otras fechas relevantes, entre la que ha dictado la “consulta de 2014”, la del 9-N, aunque también San Jordi, la apertura de la primera fosa de víctimas del franquismo o el 80 aniversario de la Guardia Civil.

La fiscal le ha preguntado también del pago de 54.030 euros mediante una transferencia realizada el 6 de octubre de 2017 y procedente de una cuenta en Reino Unido. En el concepto se lee “WIM KOK REFUND”, si bien este pago fue devuelto por la citada organización.

Royo ha explicado que este adelanto obedecía a un encargo realizado a una empresa del ya fallecido Kok, que fue primer ministro de Holanda entre 1994 y 2002, ya que esta persona era un experto en comunicación.

Se le contrató para resumir un “trabajo académico sobre el contexto político en Cataluña y sus relaciones con España”, si bien no se pusieron de acuerdo en las fechas del trabajo y el dinero fue devuelto.

Un tercer bloque de gastos cuestionados por la Fiscalía se refieren a la contratación de una página web en la que se ofrecían noticias de medios catalanes traducidas al inglés, que comenzó a funcionar en 2015 con un coste de 2.700 euros anuales llegando a un total de 89.100 euros.

Madrigal ha preguntado entonces por la razón por la que el coste anual de esta página quedara “pendiente” de pago desde julio de 2017, cuando comenzaron los controles de Hacienda sobre los gastos de la Generalitat. Royo ha atribuido esta circunstancia a cuestiones que no conoce y que llevaría su equipo de contabilidad, si bien ha apuntado que supo que se habían pagado más tarde, después de que él fuera cesado el 30 de octubre de ese año.

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