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Promover nueva legislación: una oportunidad de negocio para los abogados

María Jesús González Espejo es socia directora de Emprendelaw y socia fundadora del Instituto de Innovación Legal así como vicepresidenta de ETA.
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Son numerosos los medios de comunicación que a diario nos anuncian como consecuencia del potencial desarrollo de la tecnología, el riesgo de extinción de nuestra profesión o de parte de ella.

Así se hace en este ejemplo aparecido recientemente, donde una plataforma de reclamaciones explica cómo a través de Inteligencia artificial (IA) son máquinas quienes están gestionando miles de reclamaciones de sus clientes.

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Y es que, en efecto, chatbots y otras herramientas basadas en IA, los smart contracts, los contratos y procesos automatizados o una administración que invierte en la automatización del suministro de la información que necesita conocer el ciudadano o de las gestiones que éste realiza con ella, pueden sustituir en todo o en parte a muchos de nosotros, los juristas.

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Este entorno nos exige varias nuevas responsabilidades: la de informarse, formarse y la de reflexionar una vez hecho lo anterior sobre nuestro futuro profesional.

En este artículo hacemos una propuesta dirigida a aquellos abogados que están buscando nuevas oportunidades profesionales, sugiriéndoles que exploren un mecanismo relativamente novedoso como es la Iniciativa Ciudadana Europea.

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Una herramienta de producción legislativa, muy similar a nuestras Iniciativas Legislativas Populares (ILP).

¿En qué consiste la Iniciativa Ciudadana Europea?

Tal y como se indica en el sitio web European Citizens’ Initiative, se trata de una herramienta de democracia participativa introducida por el Tratado de Lisboa y que permite a los ciudadanos “configurar Europa, apelando a la Comisión Europea para que proponga legislación”.

Para poder impulsar una propuesta de Ley a la Comisión Europea, es necesario reunir un millón de firmas procedentes de siete Estados miembros en el plazo de un año.

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Presentada la propuesta, la Comisión se reserva el derecho de decidir si dar curso o no a la solicitud pero, en todo caso debe justificar su decisión. Para poder firmar una de estas iniciativas se exige ser ciudadano europeo y mayor de 18 años.

En España contamos con un instrumento parecido, la Iniciativa Legislativa Popular (IPL), para la que se requieren 500.000 firmas en un plazo de 9 meses, previa admisión por la Mesa del Congreso.

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Esto, unido a que determinadas materias, como las Leyes Orgánicas o los Presupuestos Generales del Estado, no pueden ser materia de ILP, ha provocado sin embargo que, en los últimos 30 años, solo se hayan presentado por esta vía un total de 66 propuestas, algo que debería hacernos reflexionar sobre la validez de este mecanismo tal y como está concebido para el logro de sus objetivos.

A priori, parece difícil que las Iniciativas Ciudadanas Europeas prosperen, debido a los filtros que deben superar. De hecho, desde que entró en funcionamiento en el año 2012, solo un total de cinco iniciativas lo han hecho: la prohibición de pesticidas basados en glisofato; una relativa a experimentos con animales; otra dirigida a poner fin a la destrucción de embriones humanos; otra sobre implantación de un derecho europeo al agua y al saneamiento, y este mismo mes, se ha admitido la iniciativa Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con discapacidad cuyo objetivo es garantizar el derecho a una educación inclusiva para los niños y adultos con discapacidad en la Unión Europea.

Casos como éste de la iniciativa denominada “Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales” del que nos informaba recientemente el boletín electrónico del Consejo General de la Abogacía Española, demuestran que no se trata de un procedimiento ya asentado, sino de una institución en construcción, donde aún hay mucho que decir.

En este caso concreto, los solicitantes deseaban que la política de cohesión de la Unión Europea prestase especial atención a zonas geográficas cuyas características étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas difiriesen de las de zonas circundantes, resultando por ello económicamente desfavorecidas.

Mediante decisión de 25 de julio de 2013, la Comisión denegó el registro de la ICE porque consideró que ésta estaba manifiestamente fuera del ámbito de sus competencias para proponer un acto jurídico al Parlamento Europeo.

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Los solicitantes  recurrieron en varias instancias.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la admisión fuese denegada, por un error de Derecho en cuanto al requisito de registro de las ICE y a la distribución de tareas entre los organizadores de una ICE y la Comisión.

Los abogados, impulsores de las iniciativas

Así las cosas, cuando miramos a las cifras de estas iniciativas, lo primero que llama la atención es lo bajas que son y la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: son así de reducidas porque el ciudadano no está interesado en proponer normas o ¿quizás lo son porque no es fácil comprender los mecanismos que las regulan?

Uno de los grandes problemas de las iniciativas, tanto a nivel europeo como nacional, es que son inadmitidas cuando su contenido es inapropiado. Y de aquí surge una oportunidad para los abogados.

Nadie mejor que un letrado conoce o debería conocer los vacíos legales, las normas con baja o nula calidad legislativa merecedoras de reforma o de nueva regulación.  

En este entorno cambiante, donde los profesionales del Derecho tienen que replantearse el objeto de su trabajo, sus modelos de negocio tradicionales, una de las posibles salidas profesionales que podría dar satisfacción a muchos es la de la  consultoría y asesoramiento en la trasformación del sistema legal y este mecanismo de las Iniciativas Ciudadanas Europeas o su versión española, la Iniciativa Legislativa Popular, pueden ser caminos a explorar para hacerlo.

La oportunidad está ahí.

El propio Parlamento Europeo y el Consejo, conscientes del poco éxito obtenido por estos mecanismos, aprobaron en diciembre de 2018 una reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea que incluye un conjunto de medidas dirigidas, entre otros objetivos, a fomentar su conocimiento entre la ciudadanía.

Es, en consecuencia, un buen momento para explorar este mecanismo, que está a disposición de cualquiera y que deberían sin duda conocer en profundidad aquellos abogados que quieran colaborar de forma activa en la construcción de un sistema jurídico más participativo y cercano a las necesidades de los ciudadanos.