Carlos Lesmes, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, al comienzo de su mandato, hace 5 años y 8 meses. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Apoyará Lesmes a una amiga suya para que ocupe la plaza vacante de magistrado de la Sala de lo Militar?
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15/3/2019 06:15
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Actualizado: 15/3/2019 13:53
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La amiga se llama Amparo Guilló Sánchez-Galiano. Actualmente es presidenta de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Guilló es esposa de uno de los hombres de más confianza del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones, Carlos Lesmes: Diego Córdoba Castroverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, el hombre que hizo la reestructuración de la Sala Tercera, una necesidad imperativa por la entrada en vigor de la nueva casación,
Se da la circunstancia de que ambos matrimonios son, además, muy amigos.
La aspirante a obtener la plaza que hasta el pasado 4 de febrero ocupaba Benito Gálvez en la Sala de lo Militar es, además, cuñada de la jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, Esperanza Córdoba Castroverde, hermana de Diego Córdoba.
La incógnita está en la postura que tome Lesmes.
El hecho de que sea amiga suya y esposa de uno de sus incondicionales pone difícil «la venta» pública del nombramiento, sobre todo ahora, que está en funciones.
SEIS SELECCIONADOS DE 29 EN UNA FALSA «TERNA»
Guilló Sánchez-Galiano forma parte de la falsa «terna» -porque terna significa tres se han seleccionado seis magistrados- aprobada en la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ de ayer.
Son seis elegidos, de entre 29 solicitantes por el turno general, que cumplen los requisitos de diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince sirviendo en la judicatura.
Los otros cinco aspirantes son los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, María Felisa Atienza Rodríguez y José Alberto Fernández Rodera (Sección 8ª), María Jesús Muriel Alonso, presidenta de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.
Completan la selección José Ramón González Clavijo, presidente de la Sección Única de la Audiencia Provincial de Salamanca, y Enrique Rovira del Canto, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª Penal).
La Sala de lo Militar es la cúspide de la jurisdicción militar española. Entre sus funciones se encuentran resolver los recursos de casación y revisión que establezca la Ley, contra las resoluciones del Tribunal Militar Central y de los Tribunales Militares Territoriales, también resolver los recursos de apelación en materia de conflictos jurisdiccionales que admita su ley reguladora contra las resoluciones en primera instancia del Tribunal Militar Central, y los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar que procedan contra las sanciones impuestas o reformadas por el Ministro de Defensa, o impuestas, confirmadas o reformadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, entre otros.
Fuentes conocedoras de los perfiles de todos los seleccionados señalan que, sobre el papel, el que, por mérito, capacidad, experiencia y procedencia, reúne las mejores condiciones para el opuesto es Fernández Rodera, que fue auditor jurídico militar y es autor de varios libros sobre esta temática.
El apoyo progresista de los vocales del Consejo se lo llevará González Clavijo.
SON NECESARIOS 13 VOTOS
Le corresponderá al Pleno del CGPJ la elección del nuevo magistrado de la Sala de lo Militar, la más pequeña, compuesta por ocho magistrados, de los cuales sólo uno es mujer, la también vocal Clara Martínez de Careaga.
Y para ello el aspirante ganador tiene, por obligación, que conseguir 13 votos de 21, por lo que las labores de «lobby» en favor de unos o de otros tienen una importancia que es determinante.
Esta es la consecuencia directa de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), llevada a cabo por el Parlamento el pasado mes de diciembre.
De hecho, esta es la última elección de un magistrado que va a realizar el Pleno del CGPJ con la mera exigencia de poseer la antigüedad requerida en la carrera judicial porque la convocatoria fue realizada el 10 de enero de 2019, cinco días antes de que la reforma mencionada se publicara en el BOE el 15 de enero.
De acuerdo con el nuevo artículo 326.2 de la LOPJ: «La provisión de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el ‘Boletín Oficial del Estado’, cuyas bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto. La convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato».
Traducido. Se acabó la arbitrariedad en los nombramientos en las próximas convocatorias.
«Toda propuesta que se haya de elevar al Pleno deberá estar motivada y consignar individualmente la ponderación de cada uno de los méritos de la convocatoria. En todo caso, se formulará una evaluación de conjunto de los méritos, capacidad e idoneidad del candidato. Asimismo, la propuesta contendrá una valoración de su adecuación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres», dice el artículo más adelante.
LAS ASOCIACIONES QUIEREN TENER VOZ EN LA PONDERACIÓN DE LOS MÉRITOS
Tres de las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia-, conocedoras de la importancia de es novedad regulatoria, enviaron, el 30 de enero pasado, una carta a Lesmes haciéndole saber que se les diera un plazo para efectuar las alegaciones -y aportar ideas- sobre los criterios que se tienen que elaborar para asegurar el mérito y capacidad de los aspirantes.
«Todo ello con el único fin de que tales nombramientos se tornen lo más objetivos y eficaces posibles. Con el fin de evitar cualquier duda o sospecha de arbitrariedad«, decían en su misiva.
No recibieron ninguna contestación por parte de Lesmes.
La baremación está por hacer. Asignatura pendiente.
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