Una justicia pública y transparente

Que la justicia esté en entredicho no es nada nuevo. Que la ciudadanía perciba dos clases de justicia, la que se administra al poderoso y la que se dispensa al común de los mortales, tampoco es un descubrimiento.

Pero pocas veces se pone el foco en las estrategias que desbordan lo técnico para incidir en cues-tiones periféricas cuando el hecho y las personas enjuiciadas se enmarcan en un contexto de extraordinaria relevancia político, social y/o económico.

En estos supuestos, las personas que verdaderamente se sienten ino-centes, porque piensan y creen que no han cometido el delito por el que son acusadas y se sientan en el banquillo, por lo general, –y con independencia del lógico nerviosismo y estrés que supone enfrentarse a un proceso penal, con las graves consecuencias que le puede acarrear– solo piensan en exponer con contundencia y claridad sus argumentos defensivos y que sus abogados se centren en la materia objeto de contienda.

Por el contrario, aquellos acusados que no están convencidos de que puedan obtener una sentencia favorable, igualmente buscan la mejor defensa posible para sus intereses, pero también procuran acudir a otros elementos colaterales ajenos a lo técnico-jurídico, para tratar de influir en lo estrictamente jurídico.

Estos últimos, para su labor, se valen de urdidores que buscan inculcar en la opinión pública, a través de sus comunicadores afines y de todas las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, en redes sociales, su tesis.

Para ello, los poderosos, no escatiman recursos para investigar a todos los actores implicados directa o indirectamente en un proceso judicial, sean quienes sean, confeccionar informes ad hoc, y revolver en el fondo de sus armarios para ver qué mota de polvo pueden utilizar, y si esta no existe, o no es lo suficientemente engorrosa, se inventan una falsamente, para culminar sus estrategias.

AFORTUNADAMENTE «EL JUICIO AL PROCÉS» ESTÁ SIENDO TELEVISADO

En estos días, la Sala de lo Penal de nuestro Tribunal Supremo, está celebrando, como es público y notorio, el denominado «juicio al procés». Juicio del que no es necesario describir las peculiares circunstancias que le rodean, entre otras muchas, la constante voluntad de desprestigiar nuestra justicia y la repetitiva cantinela de que los despropósitos de las decisiones judiciales que se produzcan en España, serán corregidas «internacionalmente», por ejemplo, en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en Comités de Naciones Unidas.

El Tribunal Supremo, con absoluto acierto, ha recetado frente a estos malintencionados virus, el mejor medicamento, para evitar cualquier molécula enturbiadora de la función judicial: publicidad y transparencia de todos los debates de la vista oral.

La publicidad de los juicios garantizada por nuestra Constitución, implica que los procesos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en las salas de vistas, y que el derecho a informar sobre tales actos incluye el derecho a que no se impida a los periodistas el acceso a los locales en que se desarrollan.

Afortunadamente, «el juicio del procés» está siendo televisado en directo por nuestra televisión pública, en su canal de 24 horas, ofreciendo, así, nuestro ente nacional comunicativo, su función de servicio público a todos los ciudadanos residentes en nuestro país y a todos aquellos que fuera de nuestras fronteras quieran presenciarlo a través de la señal internacional o de internet.

Además, se acoge diariamente en el Palacio de Justicia del Tribunal Supremo, al público curioso o interesado, a todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, o a los observadores técnicos llegados de diferentes Estados.

De esta forma, la transparencia de todas y cada una de las pruebas y actos procesales que se suceden día tras día ante el Tribunal está garantizada.

MARCHENA: CADA DÍA DA UNA LECCIÓN MAGISTRAL

Y, lo que no es menos importante, los medios informativos asumen el rol de intermediario entre la Administración de Justicia y el derecho que tenemos todos a recibir información veraz, para forjarnos nuestro criterio no contaminado sobre lo que realmente sucedió aquellos días en Cataluña y así reaccionar libremente contra cualquier perturbación de conjeturas, de información defectuosa o incluso de opiniones críticas que no se compartan.

A esta garantía de publicidad absoluta y mediata para todos los que asisten presencialmente a las sesiones del juicio, e inmediata para todos los que lo seguimos por Televisión Española, o cualquier otro medio de comunicación social, se une la maestría del presidente del tribunal que cuida de forma exquisita el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, no solo durante el debate, sino también en otras cuestiones accesorias, para tutelar, desde la imparcialidad, el pleno derecho de defensa y un proceso revestido cuidadosamente con todas las garantías.

No es exagerado afirmar que el juez Marchena Gómez ofrece, en su labor nada fácil de presidente y director del juicio, día a día, una lección magistral que enorgullece y agranda el Estado democrático y el Estado de Derecho de nuestro país.

«El juicio del procés», sea cual sea su resultado final, y sea o no del agrado de cada ciudadano, pasará a la historia judicial española por su ejemplaridad y pulcritud en lo que debe ser, y está siendo, el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Y gracias a su publicidad, y consiguiente transparencia, la comunidad internacional deberá aplaudir a nuestra justicia.

La marca España sale reforzada, en esta ocasión, gracias a nuestros jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

¡Quién lo iba a decir!

Esta columna del doctor Ollé Sesé fue originalmente publicada en El Cruzado Aragonés el 22 de marzo de 2019. Por su interés lo reproducimos, con su autorización, en Confilegal.

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