Oriol Pujol sale de la cárcel tras pasar dos meses y medio por el caso de las ITV

El hijo del expresidente catalán Oriol Pujol fue condenado a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, por haber cobrado comisiones de empresarios afines del sector de las ITV a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios.

La Generalitat le concedió el tercer grado la semana pasada.

Será destinado a un centro de régimen abierto, donde tendrá que ir solo a dormir, excepto los fines de semana.

Durante la jornada saldrá para ir a trabajar, y podrá pasar los fines de semana en su casa.

Previsiblemente, al ser de Barcelona, será trasladado al módulo de régimen abierto de Brians 1 o a los centros abiertos de Barcelona Trinitat y sección abierta de Wad Ras.

La Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, aprobó el 21 de marzo la clasificación inicial de tercer grado de Oriol Pujol, una propuesta que había sido elevada por decisión unánime de la Junta de Tratamiento de la cárcel.

Para aprobar un tercer grado inicial, se tiene en cuenta la duración de la pena, el riesgo de reincidencia o quebrantamiento de condena, las características sociales y personales de la persona, si es su primer ingreso penitenciario, el apoyo familiar, si tiene un trabajo y su participación en el programa individual de tratamiento.

Oriol Pujol aceptó el pasado 24 de julio una pena de dos años y medio de cárcel por haber cobrado comisiones de empresarios afines del sector de las ITV a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios.

CONSIGUIÓ QUE SU MUJER ELUDIERA LA CÁRCEL A CAMBIO DE UNA MULTA 

El pasado 19 de junio ratificó un pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2017 aceptando esta condena por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

Eludió así la celebración de un juicio popular del que podría haber salido peor parado.

En un principio, el Ministerio Público pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado, 310.000 euros de multa, y 3 años y 4 meses para su esposa, Anna Vidal. 

Con dicho pacto, el hijo del expresidente autonómico catalán Jordi Pujol consiguió, además, que su mujer, Anna Vidal, también acusada, eludiera la cárcel a cambio de una multa.

Pujol solicitó no ingresar en la cárcel porque las penas, por separado, no son superiores a dos años.

Además, alegó que su ingreso en prisión “perjudicaría gravemente” a su entorno familiar y su arraigo laboral y social en plena recomposición.

Dijo que tiene tres hijos, dos de ellos mayores de edad de los que costea los estudios universitarios, los pagos de una hipoteca, los gastos sanitarios.

También argumentó que ha reconocido los hechos, ha renunciado a la actividad política y pública, y que está intentando rehacer su vida, trabajando como agente comercial de una empresa e incluso haciendo labores de voluntariado.

Propuso sustituir la pena de cárcel por una de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos.

El pasado enero, la magistrada de la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona, encargada de resolver la ejecución de la condena denegó la petición de suspensión de la pena de prisión solicitada.

Señaló que cometió hechos “muy graves” porque, en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos, se aprovechó en beneficio propio.

“No actuó en interés del pueblo al que representaba, sino en el suyo propio”, y no fue de forma aislada, sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, indicó.

El tribunal aseveró que su actuación “ha supuesto un ataque muy importante” al Estado de Derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes.

Insistió en que no hay ningún elemento que aconseje suspender la pena y atender a la petición de Oriol Pujol ya que, con su ingreso en prisión para cumplir su condena, “se restablece la confianza del ciudadano en la norma jurídica, lo que no se lograría en caso contrario, por cuanto ante la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico”.