La Fiscalía pide que se revoque el tercer grado que permite a Juana Rivas cumplir condena en su domicilio
El juez solicita al Juzgado que se revoque la clasificación en tercer grado de Rivas y en su lugar acuerde clasificarla en segundo grado inicial penitenciario.

La Fiscalía pide que se revoque el tercer grado que permite a Juana Rivas cumplir condena en su domicilio

Considera que "con tal premura o rapidez en la clasificación inicial en tercer grado de la penada no se cumplen los fines retributivos y de prevención general y especial de la pena que se le ha impuesto"
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12/7/2021 13:49
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Actualizado: 12/7/2021 13:49
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La Fiscalía ha solicitado la revocación del tercer grado penitenciario concedido a Juana Rivas, y que le permitió abandonar el pasado 15 de junio el Centro de Inserción Social (CIS) ‘Matilde Cantos’ de Granada para cumplir en su domicilio, con control telemático, la condena de dos años y seis meses de prisión que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por la sustracción de sus dos hijos menores.

El escrito, remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Andalucía, con sede en Málaga, y al que ha tenido acceso Confilegal, está fechado 30 a de junio.

El fiscal expone que habiendo sido notificado de la resolución de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción, perteneciente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de Madrid, del pasado 14 junio, por la que se acuerda la clasificación inicial en tercer grado de tratamiento penitenciario de Juana Rivas y destino al Centro de Inserción Social (C.I.S.) Matilde Cantos de Granada, estima que «dicha resolución no es ajustada a derecho», por lo que interpone un recurso a fin de que el Juzgado «revise la legalidad de dicha resolución» y acuerde la clasificación de Rivas «en el segundo grado».

Indica que la Fiscalía recibió el pasado 21 de junio la notificación del acuerdo de clasificación inicial en tercer grado de esta condenada, por la que se le asigna el tercer grado.

Recuerda que Juana Rivas ha sido condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de cárcel por la comisión de un delito de sustracción de menores, teniendo previsto el cumplimiento de 1/4 parte de la condena el 23 de enero de 2022, la mitad el 8 de septiembre de 2022, las 3/4 el 23 de abril de 2023 y que la totalidad de la condena la cumpliría el 7 de diciembre de 2023.

Destaca que, según el artículo 104.3º del Reglamento Penitenciario (R. P.), la clasificación en tercer grado de penados que no han cumplido 1/4 de la condena, como sucede en este caso, tiene carácter excepcional y especial, estableciendo «que para un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena pueda ser clasificado en tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo, y concurrir, favorablemente calificadas, las variantes intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2º, valorándose especialmente el historial delictivo y la integración social del penado».

Por lo que en la medida de de que este artículo redactado remite al artículo 102, 2º del R. P., el fiscal indica que «no puede dejar de tenerse en cuenta la duración de la pena», y subraya que en este caso, la condenada «solo ha ingresado en centro penitenciario abierto como es el C.I.S., tan solo 4 días, algo inusual frente a los dos años y 6 meses de condena que se le han impuesto».

El representante del Ministerio Público entiende que en el presente caso la clasificación directa en tercer grado de Rivas a propuesta del C.I.S. «es incompatible con la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general y especial de la pena» recogidos en los artículos 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y 104 y 102 del Reglamento Penitenciario.

Además, señala que no se ha producido tampoco la evolución en el tratamiento exigida por los artículos 65 de la LOGP y 106 del Reglamento Penitenciario para acordar la clasificación inicial en tercer grado de esta penada, «por cuanto la interna, aunque manifiesta a la psicóloga que asume su responsabilidad y al educador le manifiesta que reconoce los hechos (sentenciados) y que se arrepiente, «en ningún momento reconoce o admite haber cometido un delito, ni manifiesta conciencia alguna del daño causado a las víctimas, que en este caso, no solo son sus propios hijos, sino también el padre» de ellos.

«No mostrando empatía alguna con una de las víctimas, concretamente con el padre de los niños, en relación al cual mantiene aún una grave e importante relación conflictiva sin resolver a pesar de toda la trayectoria que ya lleva la condenada en este tema (teniendo un nuevo juicio civil con el mismo señalado para el día 9 de julio de 2021), lo que nos lleva a cuestionar, entre otras cosas, el pago de la indemnización al padre, impuesta en sentencia penal firme, que la penada realizó en contado para dar a entender su arrepentimiento, y su asunción de la responsabilidad penal al asumir la reparación del daño que les ha causado tanto a sus hijos como al padre de estos, a modo de arrepentimiento», prosigue.

Para el fiscal, por el contrario, «y vista la poca empatía que tiene hacia las víctimas», esto le lleva a considerar «que tal pago de la indemnización pudo ser un instrumento más de la penada, utilistarista o funcional, del que se ha aprovechado» Rivas, «no para resarcir en conciencia a las víctimas, sino para cumplir los requisitos necesarios con el fin de poder ingresar en el C.I.S. que es un centro penitenciario abierto y así evitar ingresar en el Centro Penitenciario de Albolote, el cual es un centro cerrado, y en el que su clasificación en tercer grado, si es que procedía, hubiera tardado más en conseguirla por la valoración y tratamiento más específico y profundo que se hace en este último».

Añade que esta falta de arrepentimiento que el Ministerio Fiscal alega también fue apreciada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada para denegar a la condenada la suspensión de la pena durante la tramitación del indulto que esta ha solicitado, tal y como consta en un auto fechado a 11 de junio de 2021, indicándose en el referido auto que Juana Rivas «no ha dado ninguna muestra de su predisposición a la reinserción» desde el momento en que después de ser condenada en España repitió la misma conducta en Italia, «dando muestra de una predisposición a infringir las normas».

El fiscal señala que con ello evidencia, según el referido auto, que ya es firme, que la condenada «no ha llegado a asumir el valor de convivir bajo el cumplimiento de las normas, que es la regla esencial en un Estado de Derecho».

Y en estas circunstancias, la Fiscalía entiende que «el cumplimiento de la pena, bajo la estricta disciplina penitenciaria se muestra como mecanismo para asimilar el valor de la norma como cauce regulador de la conducta social».

Además, subraya que «desde la perspectiva de la igualdad ante la ley ningún delito se puede amparar en la legitimidad de de actuar por una causa noble, como vino manteniendo la penada durante la tramitación y celebración de todo este juicio penal, en el que fue condenada por este delito y a esta pena».

En consecuencia, la Fiscalía considera que Juana Rivas tras ser firme el auto indicado, «decide ese mismo día, 11 de junio de 2021 (viernes) ingresar, pero no en el centro penitenciario de Albolote, sino en el CIS Matilde Campos y en un fin de semana, también decide cambiar su discurso por otro que le fuera más favorable para conseguir el tercer grado y no tener que ingresar en el centro penitenciario de Albolote, y así el 14 de junio (lunes) manifiesta un arrepentimiento» que el fiscal cree en base a lo que ha expuesto que «debe ponerse en duda o cuarentena, más aún visto el informe de la psicóloga del CIS, del educador y del trabajador social del C.I.S.».

El fiscal sostiene que «la simple manifestación hecha por la condenada en un día a la psicóloga y al educador no es muestra alguna de un verdadero y real arrepentimiento y asunción del delito cometido y de sus consecuencias». Considera que «esa simple manifestación no ha podido ser valorada con más profundidad por ambos expertos, psicóloga y educador, dado que ese mismo día en que hacen los informes, el 14 de junio de 2021 (lunes) se dictó de desde Madrid la resolución de clasificación en tercer grado ahora recurrida y la penada fue propuesta en libertad ese mismo día con el sistema telemático».

Por otro lado, el representante del Ministerio Público entiende que Juana Rivas «no ha superado, además, ningún programa específico de tratamiento para abordar todos los déficits que se desprenden de los informes de los expertos integrantes de la Junta del C.I.S.», pues afirma que «no ha existido tiempo para ello», dado que la penada ingresó en el C.I.S. Matilde Cantos de Granada el pasado 11 de junio (viernes) y el 14 de junio (lunes) ya se le había concedido desde Madrid la calificación en tercer grado en la modalidad telemática y quedó en libertad.

En consecuencia, la Fiscalía subraya que «la pena que ha de constituir un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando en el autor una sensación de que su proceder tiene unas consecuencias perjudiciales no ha conseguido esa finalidad y ha quedado vacía de contenido y de sentido alguno, al no conseguir su finalidad intimidatoria y de prevención especial dado que la penada se limitó a estar ingresada en un centro abierto un simple fin de semana (4 días si incluimos el de ingreso y el de salida)».

Y hace hincapié en que «el internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley, internamiento y concienciación que aquí brilla por su ausencia».

El fiscal recuerda que en el informe o propuesta que se acompaña a la resolución recurrida se dice que la interna reconoce los hechos por los que ha sido condenada y asume la responsabilidad, pero reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito, puesto que se tiene que reconocer lo que se ha hecho, pero entender que ese hecho es una acusación legítima y ajustada a derecho, tal y como ocurre en este caso, que según ella, actuaba por una causa justa».

En este caso, el fiscal tampoco aprecia la superación de los factores que influyeron en el actuar delictivo de Rivas y, por tanto, «la capacidad para asumir el régimen de semilibertad que implica el tercer grado».

En este sentido, argumenta que en la medida en que el interno no asume el carácter delictivo de los hechos por los que cumple condena, no puede hablarse de una evolución favorable al régimen de semilibertad que el tercer grado supone», y que es «muy difícil, si no imposible, detectar la posibilidad de que se cumpla el fin de reeducación recogido en artículo 15 de la Constitución Española en quien no asume el carácter delictivo de los hechos que fueron objeto de la condena y con la clasificación no ha sido objeto de tratamiento alguno, el cual debería ir destinado a enseñar al interno a respetar la ley, a que solo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la norma que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».

«Normativa que a todos nos vincula y que es aplicada por el Poder Judicial a través de sus resoluciones también vinculantes para todos los ciudadanos y especialmente para sus destinatarios», apostilla.

En cuanto a los aspectos positivos tenidos en cuenta en la resolución recurrida y en la propuesta de la Junta de Tratamiento, la Fiscalía afirma que «no son suficientes para acordar la clasificación directa en tercer grado en la modalidad acordada».

Indica que siendo cierto que estamos ante una interna primaria penal y penitenciariamente, y ha sido condenada por un solo delito, «no podemos olvidar que se trata de un delito que cometió de forma progresiva y prolongada en el tiempo por lo que la conducta de la interna no fue ocasional, puntual o episódica».

Además, apunta que el acuerdo y propuesta de clasificación inicial base referido, en su apartado tercero, o elementos de trayectoria penitenciaria, se despacha lacónicamente con la ciertamente ‘inexistencia de cualesquiera incidencias de tal tipo». El fiscal dice que «no podría ser menos porque tres días de ingreso en el Centro de Inserción necesariamente no pueden dar más de sí» y que lo extraño sería que en tan corto espacio de tiempo se hubiesen producido tales incidencias.

Reseña que la «observación de la penada» se produjo durante un fin de semana.

Igualmente, el fiscal destaca que la «propuesta con control telemático fuera minoritaria, pese a lo que fue así acordada sin justificación aparente». «La propuesta se inclinó por la del artículo 82.1 del R. P. y la resolución ahora recurrida, utilizando un modelo tipo y sin más fundamentos ni justificación, decide concederle el tercer grado inicial por la modalidad telemática del artículo 86,4º del R.P., más beneficiosa aún para la penada», manifiesta.

Por otro lado, expone que es de reseñar en el informe psicológico las circunstancias que se destacan de la penada, y en los que supuestamente se basa la psicóloga para proponer su tercer grado, y que tuvieron un especial significado en la comisión de los hechos».

Así, en el área intelectual y cognitiva a la Fiscalía le llama la atención «principalmente que la psicóloga aprecie en la penada un discurso desordenado que justifica en la situación conflictiva y estresante que vive». Entiende «que esa situación la ha provocado la propia penada con su comportamiento y actitud de rebeldía hacia la ley y victimista desde un principio mantenido» y no comprende cómo «la psicóloga no lo ha apreciado».

Afirma que toda la valoración de la psicóloga entiende que «sería suficiente para proponer un segundo grado penitenciario y tratarla para superar tales deficiencias, apreciadas por la referida especialista», pero que a pesar de tal valoración, la psicóloga decide proponer el tercer grado, «sin comprender aún en qué motivo se basa pues se limita a apreciar un arrepentimiento del que según esa valoración y valores de los parámetros realizados a la penada debe ponerse al menos en duda».

Por otra parte, en cuanto el informe del educador, al representante del Ministerio Fiscal también le llama la atención «que indique que ha tenido una evolución conductual positiva, con ausencia de sanciones, y que su conducta en el centro ha sido normalizada, con ocupación positiva en el tiempo libre y de nuevo indica que la penada se arrepiente de los hechos», todo lo cual al Ministerio Público le parece «una valoración que al igual que la de la psicóloga es precipitada y sin fundamento ni tiempo para evaluar todas esas cuestiones, dado que la interna estuvo en el centro un fin de semana». «Pero sin más fundamento también el educador propone el tercer grado», agrega.

En cuanto al informe social, señala que este refiere que Juana Rivas tiene apoyo familiar y social normalizado, no tiene trabajo ni consta que haya presentado una propuesta ni contrato de trabajo y cobra la prestación de la renta mínima vital». Informe que, según la Fiscalía, también hay que tener en cuenta ya que «resulta que una vez en libertad, la condenada ha vuelto al mismo ámbito familiar y social que le apoyaba y le ayudaba cuando cometió todos estos hechos delictivos».

Con lo cual, cree que «tampoco eso ayuda a la penada a resocializarse pues va a seguir en el mismo ambiente y con las mismas personas que le ayudaron, hasta incluso, según ella, le asesoraron de cómo debía actuar, hasta llegar a sustraerse de la acción de la Justicia». Apunta que todo lo cual no impidió a dicho experto proponer también el tercer grado.

El fiscal afirma que el escaso «cumplimiento» previo de la clasificación «provoca, además, «sensación de ‘vaciamiento de la pena», impide el necesario tratamiento dado el grado acordado y su concreta modalidad y con ello la finalidad de la misma teniendo en cuenta que «no se ha cumplido la cuarta parte de la condena ni ha existido un periodo de observación mínimo para hacer todas estas valoraciones».

Por otra parte, al fiscal le resulta «muy inusual, pues con esta propuesta y esta resolución recurrida lo que refleja», a su juicio, «está muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena y, por el contrario, lo que hace es crear sensación de impunidad tanto para la penada como para la sociedad en general».

En consecuencia, concluye que «con tal premura o rapidez en la clasificación inicial en tercer grado de la penada, no se cumple los fines retributivos y de prevención general y especial de la pena que se le ha impuesto».

Por todo ello, solicita al Juzgado que estime este recurso y revoque la clasificación en tercer grado de Rivas y en su lugar acuerde clasificarla en segundo grado inicial penitenciario.

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