Marina Castaño se sienta en el banquillo acusada de malversación en la Fundación Cela
La Audiencia Provincial de A Coruña estimó el recurso presentado por los acusados, entre ellos Marina Castaño, para que el caso no fuese juzgado por un jurado popular. Foto: EP

Marina Castaño se sienta en el banquillo acusada de malversación en la Fundación Cela

La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para los cuatro acusados, y una indemnización conjunta a la Xunta de 150.000 euros
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01/4/2019 10:32
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Actualizado: 01/4/2019 10:34
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Hoy arranca el juicio por presunta malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela que sentará en el banquillo a la viuda del Nobel, Marina Castaño; a un exconsejero de Manuel Fraga y expatrono de la entidad, Dositeo Rodríguez, y a su hija, Covandonga Rodríguezy al exgerente Tomás Cavanna.

La Fiscalía pide 4 años y seis meses de cárcel y 8 años de inhabilitación absoluta, además de una indemnización de forma conjunta a la Xunta de Galicia de 150.000 euros.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede de Santiago de Compostela, hasta el próximo día 5. El tribunal dirimirá si hubo malversación en una indemnización de 150.000 euros por despido del director gerente de la Fundación en 2010, Tomás Cavanna.

En la sesión de hoy, reservada para las cuestiones previas, está previsto que declaren también los acusados.

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada la fundación desde 1991.

Ramos trasladó a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

La instrucción, que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Padrón, se cerró en junio de 2017. Se fijó la apertura de juicio oral con tribunal jurado.

Este aspecto fue recurrido por los acusados y fue estimado por el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña, por lo que finalmente no lo juzgará un jurado popular.

El tribunal, indicó que el tipo de delito de «malversación impropia» es aquel que «puede haber sido cometido por personas que no tienen la condición de funcionarios públicos», por lo que «no sería competencia de la Ley de Jurado», que limita su competencia a los cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y sobre caudales públicos.

‘SIMULARON EL DESPIDO’

Según el escrito de la Fiscalía, los cuatro acusados, «con el concurso y participación activa de todos ellos» y «en ejecución de un plan preconcebido» para «conseguir un beneficio económico» a favor de Tomas Cavanna, «simularon un despido con intención de que a éste le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros».

Apunta que Dositeo Rodríguez «se encargó de convenir con el beneficiado la mencionada cantidad concreta imputable a los fondos públicos y de que el montante total fuera asumido por la Xunta».

El Ministerio Público sostiene que el despido fue «orquestado» y aprobado por el Patronato de la Fundación el 27 de mayo de 2010, alegando un «despido objetivo por causas organizativas, con una indemnización según lo dispuesto en el vigente estatuto de los trabajadores».

El 3 de junio del mismo año, en la conciliación celebrada ante la sección provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Covadonga Rodríguez, «en nombre de la fundación y en virtud de un acuerdo previamente concertado con Tomás Cavanna y el resto de los acusados», pactó el pago de una indemnización de 150.000 euros «con cargo a los fondos de la Xunta».

La Fiscalía recuerda en su escrito que «la crítica situación económica» de la Fundación, «a la que había llegado durante la gestión de los acusados», puso «en peligro la continuidad de la misma», por lo que sus ingresos se nutrían principalmente de fondos públicos desde 2007, algo «ampliamente conocido por los acusados».

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, de los que considera autoras a Marina Castaño y a Covadonga Rodríguez, y partícipes necesarios a Dositeo Rodríguez y a Tomás Cavanna.

LA FUNDACIÓN FUE RESCATADA EN 2012

La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró.

Entonces, la Consejería de Cultura pasó a presidir el patronato.

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