Gobierno y CCAA aprueban un título habilitante que acredita la situación de ‘víctima de violencia de género’ sin necesidad de interponer denuncia para acceder a ayudas

En concreto, amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia.

Se ha diseñado «para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio».

Según ha informado el Gobierno, el objetivo de esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia doméstica, es «mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso».

La condición de maltratada solamente se reconocía mediante una sentencia, una orden de protección previa denuncia, o un informe del Ministerio Fiscal que indicase la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia doméstica.

El pasado agosto, el Gobierno amplió los modos de acreditación de esta situación a través de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’.

Éste «reconoce la validez de los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones sociolaborales previstos en la Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género».

El Gobierno y las comunidades autónomas tenían pendiente diseñar «de común acuerdo» los procedimientos básicos que permitan poner en marcha estos nuevos sistemas de acreditación de las situaciones de violencia doméstica.

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada ayer, que fue presidida por de secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y en la que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), fue consensuado el modelo que unifica en todo el territorio el texto de dicha acreditación administrativa.

Las comunidades autónomas «establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida», como los institutos de la Mujer de cada territorio, centros asesores de la Mujer, servicios sociales, o lo que cada autonomía determine.

La acreditación de víctima de violencia doméstica a través de este título habilitante reconocerá los derechos laborales y el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social contempladas en el Capítulo II del Título II de la ‘Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género’.

La denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.

Esta acreditación reconocerá los derechos laborales y el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social contempladas en el Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la «violencia de género».

REPARTO ENTRE LAS COMUNIDADES DE 100 MILLONES 

En la Conferencia Sectorial de Igualdad también se acordaron los criterios de reparto y objetivos de los 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, como establece el «Pacto de Estado contra la Violencia de Género», cumpliendo con los plazos de ejecución de los fondos.

El crédito, de 100 millones de euros, será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.

También al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.

Según ha informado el Gobierno, la distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.

La Conferencia Sectorial también ha dispuesto 9,5 millones de euros «para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres».

De ellos, 6,5 se destinan a programas para la asistencia social integral; un millón de euros, para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores; y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

Durante el encuentro, la secretaria de Estado ha informado sobre la participación de España en el sexagésimo tercer periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de ONU Mujeres, donde se debatió como tema prioritario «sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas».

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, que encabezó la delegación española en la CSW, ha destacado el «relevante papel de España en la defensa de los derechos humanos de las mujeres», y ha informado de la firma del Marco de Asociación Estratégica (MAE) 2019-2021 con el que España renueva su compromiso con ONU Mujeres, organismo para la cooperación española y la acción exterior de España en materia de género en el ámbito multilateral.