La AVT pide que se ilegalice a los partidos que no condenan la violencia
La presidenta de la AVT, Maite Araluce, espera que los partidos tengan en cuenta este informe de la asociación, "pues tienen mucha responsabilidad en que las víctimas del terrorismo tengan la justicia que merecen, se respete su dignidad, se vele por su memoria y derecho a la verdad, y sean las protagonistas del relato". Foto: EP

La AVT pide que se ilegalice a los partidos que no condenan la violencia

Propone 25 medidas para una política antiterrorista "eficaz", que trasladará a PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos y VOX
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08/4/2019 13:21
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Actualizado: 06/9/2019 08:14
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La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha presentado hoy un documento con 25 «claves» para «una política antiterrorista eficaz».

Ilegalizar a partidos que no condenen la violencia, reformas legales para prohibir el enaltecimiento, recurrir la denominada ‘Ley de Abusos Policiales’ y que se detenga a los dirigentes de ETA que siguen prófugos de la Justicia son algunas de ellas.

Esta asociación, que preside Maite Araluce, trasladará el informe a PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y VOX. De momento, ya ha cerrado reuniones con Cs y el PP para esta semana.

El documento, de 8 páginas, está inspirado en el lema de la asociación «Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia» y reclama un gran pacto de Estado en esta materia.

«Esperamos que los partidos políticos tomen muy en cuenta nuestro documento, pues tienen mucha responsabilidad en que las víctimas del terrorismo tengan la justicia que merecen, se respete su dignidad, se vele por su memoria y derecho a la verdad, y sean las protagonistas del relato», señala esta asociación.

La AVT pide que se promuevan declaraciones institucionales en los parlamentos y ayuntamientos rechazando «cualquier negociación con terroristas o con quienes les representen en las instituciones».

En este sentido, aboga por aplicar la Ley de Partidos para la ilegalización de aquellas formaciones que «no condenen de una manera expresa la utilización de la violencia con fines políticos, así como de aquellos que no condenen en concreto la violencia ejercida por ETA y reconozcan que no hay -ni ha habido- causa alguna que haya justificado su existencia».

Además, apuesta por «promover el aislamiento político de aquellos que han sido admitidos en el juego democrático prematuramente sin exigirles una condena clara y explícita de la violencia terrorista tanto futura como pasada».

La AVT aboga por «derrotar definitivamente a ETA y detener a los terroristas fugados».

En materia de terrorismo yihadista, reclama que se revisen los planes para la desradicalización de los presos yihadistas en las cárceles, así como los tipos penales relacionados con el terrorismo yihadista.

Pide, asimismo, «endurecer los criterios para la concesión de beneficios penitenciarios y en todo caso supeditarlos a la colaboración efectiva de los terroristas con la justicia para el esclarecimiento de atentados pendientes de resolver».

Considera que se debe «exigir el requisito de la colaboración con la Justicia como criterio para valorar el pronóstico favorable de reinserción antes de adoptar una decisión que mejore su situación penitenciaria, incluido su acercamiento a cárceles próximas a sus domicilios».

Como ya adelantara la semana pasada, la AVT respalda que se interpongan recursos de inconstitucionalidad «contra las leyes que pretendan imponer la justificación de la violencia y la imposición de la falsa teoría del conflicto», citando las leyes de abusos policiales vasca y navarra recientemente aprobadas.

La AVT reclama reformas legales para evitar los actos de enaltecimiento del terrorismo, así como exigir a los delegados de Gobierno de las comunidades autónomas «la responsabilidad de no permitir estos actos».

En este sentido, exige el requisito de colaboración con la Justicia creando un organismo de coordinación para que se exija eficazmente y la prohibición de participación en homenajes a los presos para la consecución de mejoras penitenciarias.

«Trabajar en ofrecer a las víctimas del terrorismo el derecho a la información y la verdad que les corresponde» es otra de las 25 medidas que reclama.

Para ello, pide dotar de más recursos a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional, y más recursos y medios a las unidades policiales para la revisión de atentados sin resolver.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional creó el pasado junio una unidad de coordinación para investigar los crímenes de ETA sin resolver. Al frente está el fiscal Marcelo Azcárraga, que está analizando toda la documentación de que se dispone, entre la que están los conocidos como ‘papeles de Francia’ que fueron incautados a la banda terrorista tras su disolución.

El Ministerio Público explicó entonces que la ‘disolución’ de la banda terrorista ETA, la existencia de un clamor social y jurídico por encontrar la verdad, y la necesidad de dar una satisfacción a las víctimas de tan execrables hechos, llevaba a la creación de dicha coordinación.

Por aquellas fechas, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, también se comprometió con la presidenta de la AVT a mantener reuniones periódicas con las víctimas de ETA para avanzar en la resolución de las acciones terroristas que quedan por esclarecer.

El fiscal Azcárraga ha presentado hasta el momento 30 querellas de crímenes que no han sido nunca investigados en la Audiencia Nacional, sino que se trataba de sumarios que se habían quedado en juzgados de instrucción del País Vasco.

De estas querellas, unas 20 corresponden a asesinatos de ETA y el resto de los GRAPO.

DESCARGAR INFORME ’25 CLAVES PARA UNA POLÍTICA ANTITERRORISTA EFICAZ’

CIFRA EN 307 LOS ASESINATOS DE ETA SIN RESOLVER

La AVT cifra en 307 los asesinatos de la banda terrorista ETA que todavía están sin resolver de un total de 853, lo que significa, en palabras de la presidenta de la organización, Maite Araluce, que al 36% de las víctimas «se les ha privado de su derecho a la justicia».

El pasado noviembre, la asociación presentó un dossier que actualiza estos datos, fruto de siete años de trabajo revisando sumarios y documentación.

El estudio concluye que 1.175 personas han sido asesinadas en atentados terroristas en España: a 853 les arrancó la vida ETA, a 228 grupos yihadistas y a 94 los GRAPO.

Según informa la AVT, hay 853 crímenes sin resolver, el 32,2% del total. En el caso de los de ETA representan el 36%, en los del GRAPO el 35% y en los yihadistas el 15%.

Además, revela que en 378 casos, el autor material no habría sido condenado.

La diferencia entre el número de víctimas que reivindica ETA y las contabilizadas por la AVT es de casi un centenar. ETA asume sólo 774 asesinatos.

En cuanto al terrorismo yihadista, la AVT cifra en 34 los crímenes sin resolver correspondientes a dos atentados, el ocurrido en 1985 en el restaurante El Descanso, en Madrid, y el de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, ya que aún no ha tenido lugar el juicio.

Araluce sufrió la violencia de ETA a los 15 años, cuando la banda terrorista asesinó a su padre en San Sebastián, Juan María Araluce. Era presidente de la Diputación de Guipúzcoa.

«Vivir un atentado cambia lo fundamental de la vida. No solo me cambió a mí, sino también a mi familia», ha manifestado.

Cuando fue nombrada presidenta de la AVT, en mayo de 2018, se comprometió a seguir defendiendo el cumplimiento íntegro de las condenas, oponerse a cualquier tipo de beneficio o prebenda a sanguinarios terroristas, exigir «el esclarecimiento y la detención de los responsables de los atentados que todavía están sin resolver y a seguir oponiéndose a cualquier tipo de «violencia con fines políticos».

«No contemplamos otro final del terrorismo que aquel en el que los terroristas sean los vencidos y las víctimas y la sociedad española los vencedores y no vamos a ceder un ápice», manifestó Araluce.

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