Varios inmigrantes señalan haber ganado en vía judicial el derecho a sanidad pública.
El Tribunal Supremo decidirá mañana si excluye de la sanidad pública a inmigrantes reagrupados por sus hijos españoles
El alto tribunal tendrá que resolver un recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
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23/4/2019 06:15
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Actualizado: 15/1/2021 12:30
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Hasta el momento cerca de 70 sentencias de distintos órganos judiciales han defendido las tesis de los propios defensores de la sanidad universal, frente a dos desestimatorias en Madrid y Barcelona, una de ellas recurrida, que defiende las tesis del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Será mañana, 24 de abril cuando el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo se reunirá para reunificar doctrina sobre la denegación de tarjeta sanitaria a padres y madres extranjeros de ciudadanos de la Unión Europea que residen en España, lo que se entiende como reagrupamiento familiar en régimen comunitario.
Tendrá, por tanto, que resolver un recurso de casación interpuesto por el INSS sobre esta cuestión.
Ese recurso contradice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reconoció en marzo de 2018 el derecho a la sanidad pública gratuita de un inmigrante colombiano con residencia en España a través de la reagrupación familiar de su hija, de nacionalidad española.
Los afectados por esta situación se han organizado en dos movimientos asociativos como son el Colectivo de Afectadas por el INSS viene denunciando, junto a Yo Sí Sanidad Universal, que desde que el Partido Popular aprobó el RD 16/2012, miles de personas han quedado excluidas de la sanidad pública.
Sobre el primer colectivo se puede señalar que se puso en marcha en marzo de 2017, un grupo de personas afectadas por la exclusión sanitaria y participantes de Yo Sí Sanidad Universal crearon dicho colectivo para lograr el apoyo mutuo de cara a denunciar al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y conseguir así el reconocimiento de nuestro derecho a la asistencia sanitaria.
Entre ellas se encuentran las personas con permiso de residencia obtenido por reagrupación familiar o como familiares de ciudadanos de la Unión Europea.
Bajo el lema «Yo SÍ, Sanidad Universal», usuari@s y trabajador@s del Sistema Nacional de Salud (SNS) se organizó en 2012 un movimiento de desobediencia civil frente al Real Decreto-Ley 16/2012.
Esta ley EXCLUYÓ a cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria, introdujo cambios como el repago de medicamentos para los pensionistas y ahondó en las diferencias entre comunidades autónomas, pues ha generado decenas de normas diferentes en cada región.
Este colectivo de afectados es un movimiento ciudadano de base, independiente de grupos políticos y sindicales, que plantea a profesionales y usuari@s trabajar mano a mano para tratar de mantener la atención sanitaria para tod@s y conseguir la derogación del RDL 16/2012.
Durante años trabajaron en una red estatal de grupos de acompañamiento para asegurar que todo el mundo recibiera la asistencia sanitaria que necesita, dentro del SNS y no a través de un sistema paralelo de beneficencia.
Este colectivo reconoce haber trabajado para visibilizar las consecuencias del RDL y denunciar sus consecuencias.
No están de acuerdo con las tesis oficiales sobre las que se sustenta la exclusión sanitaria, y comprueban día a día que el acceso universal al sistema sanitario es lo mejor para la población y para el SNS.
La denegación de tarjeta sanitaria del sistema público de salud por parte del INSS a este colectivo se sigue produciendo actualmente, después de la aprobación, el pasado año, del mal llamado decreto de “sanidad universal” del PSOE.
De hecho, según denuncia este colectivo, el Gobierno de Pedro Sánchez, y sus ministras de Sanidad, Mª Luisa Carcedo, y de Trabajo, Magdalena Valerio, se han negado a garantizar la asistencia sanitaria a estas familias, desoyendo las demandas de las organizaciones sociales.
Campaña 70 contra 1
A pesar de esta negativa, muchas de estas personas han recorrido un largo camino para reclamar su derecho por la vía judicial.
A día de hoy, más de 70 sentencias de tribunales de al menos siete Comunidades Autónomas han fallado contra el INSS y han dado la razón a los afectados, a los que se les ha concedido la tarjeta sanitaria.
No conforme, la administración ha recurrido estas sentencias en más de la mitad de los casos, perdiendo también los recursos en los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas Comunidades Autónomas.
Frente a todas estas sentencias, solo el Tribunal Superior de Cataluña ha dado la razón al INSS en una única ocasión, y en un caso que difería del resto al no tratarse de una ascendiente de una ciudadana española.
Por eso este movimiento asociativo “Yo, Sí, Sanidad Universal han puesto en marcha la campaña #70a1, con la que se quiere denunciar que el INSS ha llevado estos casos al Tribunal Supremo para que se pronuncie.
Y lo ha hecho a sabiendas de que no es necesario unificar doctrina en esta materia, porque más de 70 sentencias, emitidas por jueces y juezas de distintas Comunidades Autónomas, han establecido que la administración no actúa conforme a derecho al denegar la tarjeta sanitaria a estas personas.
Desde estos colectivos se indica que el fallo en contra del Tribunal Supremo supondría un grave problema para muchas familias que no pueden costearse carísimos seguros privados, al mismo tiempo se produciría una clara desautorización del criterio de docenas de jueces de tribunales de primera instancia y de Tribunales Superiores Autonómicos de toda España.
Al mismo tiempo, comentan que, con estas prácticas desde el INSS se estarían vulnerando los derechos humanos, y en este caso el derecho a la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución: Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Aun así, el Colectivo de Afectadas por el INSS está expectante y espera con preocupación, aunque también con esperanza, el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
El fallo de este Alto Tribunal podría acabar por fin con estas actuaciones ilegales por parte del INSS, haciendo posible por fin la obtención de tarjeta sanitaria a los padres y madres que vienen a reunirse con sus hijas e hijos en España.
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