Las investigaciones prospectivas, tanto policiales como fiscales, están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. «No se puede salir a investigar ‘en modo a ver lo que pesco’. Está proscrito y, además, es ilegal», afirmó Alejandro Abascal, magistrado juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el marco de la jornada «El secreto de sumario y la libertad de prensa: Los juicios paralelos», que tuvo lugar el pasado viernes en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, en Madrid.
Abascal se refirió a la advertencia pública realizada por el desaparecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la acto de apertura de tribunales de 2017, en la que ordenó desechar “tanto las investigaciones generales o prospectivas, dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito”, así “como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”.
«Hizo lo que tenía que hacer», apostilló Abascal.
Un punto de vista que apoyó el abogado penalista, Jesús Mandri, en la mesa que moderó la profesora de derecho procesal Paloma García-Luben: «Las reglas de juego son las reglas de juego y hay que respetarlas».
Sobre las filtraciones, el magistrado precisó que la ilegalidad la comete el que filtra, «pero nunca el informador, dado que está protegido por el derecho fundamental a la libertad de prensa».
Abascal, que hizo un repaso por las sentencias más importantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo estadounidense, ratificó que la libertad de información es uno de los valores esenciales de toda sociedad democrática que se precie.
Y apostó por una idea que está flotando en el ambiente desde hace más de dos años: la introducción del juez de comunicación, reivindicado en las últimas jornadas de Jueces Decanos y en la de presidentes de Audiencias Provinciales. Una figura que ya existe en países del norte, como Holanda, en los que un magistrado ajeno al caso en cuestión explica, en lenguaje comprensible para el gran público, una sentencia o acontecimiento judicial que se precie. De una manera similar a como ya lo hacen, con gran éxito, Policía Nacional y Guardia Civil.
Mandri, por su parte, recordó que desde 1995, que se aprobó el actual Código Penal, se han producido más de 30 reformas del mismo y que la tendencia es a criminalizar las conductas.
Para el abogado, uno de los problemas es que hoy todo el mundo opina de todo, incluyendo asuntos judiciales complejos, lo que desvirtúa la percepción objetiva de cualquier asunto.
“El aparente conflicto entre la libertad de expresión y la presunción de inocencia se produce como consecuencia de diversos excesos, especialmente la proliferación de los juicios paralelos y las filtraciones de las actuaciones judiciales”, afirmó.
EL SECRETO DEL SUMARIO, UNA REALIDAD COMPLEJA
En la mesa anterior, los intervinientes fueron el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano, y el director de Confilegal, Carlos Berbell, moderados por el catedrático de Derecho Constitucional, Enrique Arnaldo, y bajo la presidencia de Raúl Canosa, director del Centro.
Urbano recordó la existencia del Protocolo de Comunicación de la Justicia, publicado por el Consejo General del Poder Judicial, y lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882.
El magistrado, poseedor de una dilatada carrera –incluyendo 15 años en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo–, dijo que «El sumario y la instrucción es el territorio de los juristas y el juicio debe ser el de los informadores». Pero entendió que los tiempos están cambiando y que el poder judicial debe tener su propia estrategia de comunicación para dar respuesta a las nuevas necesidades.
Todos los intervinientes, eso sí, incidieron en la inexistencia de conocimientos técnicos de periodistas no especializados, lo que distorsiona la comunicación que reciben los ciudadanos.
Berbell, por su parte, afirmó que «el sumario ha dejado de ser secreto, salvo cuando así lo declara expresamente el juez instructor, y que va a ser muy difícil volver a meter al mago en la botella. Tal como está diseñado hoy en día, está muerto».
«Ese es uno de los grandes desafíos para los redactores de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Casi como cuadrar el círculo», remachó.
