El sargento de los «Mossos d’Esquadra», Moisés Abelli Puigderrajols, destinado en la Área Básica Policial [comisaría] de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, se ha querellado ante los tribunales contra su jefe, el inspector Marcel Pazos Villegas, por unos hechos susceptibles de ser calificados como delito de falsedad documental.
Abelli Puigderrajols es la pareja de la cabo de los «Mossos», Inmaculada Alcolea, que ha venido denunciando desde hace un año y medio que el 60 por ciento de la policía autonómica catalana es «desleal a España».
Los hechos que han dado origen a esta querella criminal tienen su origen en la apertura de una investigación interna, el 12 de abril de 2018, por parte de la División de Asuntos Internos (DAI) de la Dirección General de la Policía autonómica, a instancias del inspector Pazos Villegas para determinar el autor de la filtración de una información publicada en OkDiario el 23 de marzo anterior.
Llevaba por título «Un comisario separatista de Barcelona amenaza con investigar a mossos que denuncien actos ilegales», y que contenía una fotografía con un lazo amarillo en una de las taquillas de la ABP.
https://twitter.com/ERIKEO5555/status/968867476409896961
La investigación realizada concluyó que, aunque no podía identificarse al autor de la filtración.
Señalaba, eso sí, que había dos sospechosos principales. Uno de ellos era el sargento querellante.
EXPEDIENTADO
Aquello no tuvo trascendencia.
Sin embargo, al sargento Abelli Puigderrajols se le abrió expediente disciplinario por no haber leído a su «escamot» –su grupo de trabajo de seguridad ciudadana, compuesto por 12 agentes– un comunicado interno los días 12 y 13 de marzo en el que se advertía de la prohibición de filtrar imágenes de la comisaría, bajo amenaza de expediente por parte de la DAI de los Mossos.
Una infracción grave por incumplir la orden del inspector Pazos Villegas que implicaba una sanción de hasta 11 meses sin sueldo y pérdida de plaza fija.
El sargento Abelli Puigderrajols niega que las cosas sucedieran de esa manera.
Y tiene la prueba: una grabación de la conversación con su superior ese 13 de marzo, que él mismo hizo subrepticiamente, y cuya transcripción aporta en la querella contra su jefe.
En la misma queda claro que el inspector no había objetado nada en contra, «sino más bien mostrando su aquiescencia en que el sargento Abellí ampliase la información del comunicado cuando lo estimase conveniente».
En su declaración sobre ese encuentro, ante la División de Asuntos Internos el sargento dice: «Que después del ‘briefing’ el declarante recibió una llamada del jefe de la ABP en la que le emplazaba a reunirse con él. Durante esta reunión el inspector le pregunto si había leído el comunicado interno a los miembros del ‘escamot’ y el declarante le manifestó que no y que consideraba oportuno reunirse primero con el agente relacionado con la fotografía y prepararse un resumen de lo que había de comunicar en relación con la imparcialidad y la neutralidad política».
«Que el inspector le manifestó al declarante que ya había hablado con el agente en cuestión y que éste le había manifestado que no había sido él y que había sido una broma. Que el inspector le manifestó que consideraba los hechos graves porque se trataba de una filtración de una fotografía en el interior de la comisaría y le dijo que le parecía bien cualquier ampliación o partición que se pudiera hacer por parte del sargento en relación con el contenido del comunicado interno y del código de ética».
«Que después de la reunión con el inspector, el declarante se encontró indispuesto por el cual se marchó del servicio para ser atendido médicamente y no pudo continuar», termina la declaración.
EL INSPECTOR MIENTE, SEGUN EL SARGENTO
El inspector Pazos Villegas, por su parte, negó, ante esa misma División, que hubiera hablado con el sargento del cumplimento de la orden del comunicado interno, objeto del expediente.
Explicó que la conversación versó sobre la imposibilidad de que siguiera cargando en la Comisaría el coche eléctrico que el sargento utiliza para desplazarse desde Gerona, donde vive, hasta su lugar de trabajo.
Y también sobre su asistencia a un acto de Societat Civil Catalana en Gerona, donde su mujer –la cabo de los «Mossos», Inmaculada Alcolea– acusó a los mandos del cuerpo de ‘Mossos d’Escuadra’ de golpistas y donde el vídeo que circulaba por las redes en relación con aquel acto, el sargento asentía.
«El declarante le dijo al sargento que él no era ningún golpista».
De acuerdo con los abogados del sargento, los hechos representan «una falsedad ideológica, tipificada en nuestro Código Penal, puesto que se falta a la verdad, en el sentido de que se da cuenta de unos determinados hechos, que nada tienen que ver con la realidad.
«Los hechos se narran falsamente, siendo consciente en todo momento su autor, puesto que se documenta un acta de declaración de manera distinta a la que debería de haberse realizado de manera clara, expresa y reiterada», afirman.
Un delito contemplado en el artículo 390 del Código Penal y que está castigado con penas de prisión de 3 a 6 años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
