El mandato de cinco años de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente, Carlos Lesmes, expiró el pasado mes de diciembre sin acuerdo político para su renovación.
Tres asociaciones de jueces piden al CGPJ ser oídos antes aprobar las bases de los nuevos nombramientos
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07/5/2019 14:13
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Actualizado: 07/5/2019 14:15
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han dirigido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se les oiga antes de que se aprueben las bases y criterios, en el Pleno del jueves, que van a regir los nombramientos de los futuros presidentes de las Audiencias Provinciales de Albacete, Lérida, Toledo y Zamora, así como la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
En la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), llevada a cabo el pasado mes de diciembre por el Parlamento, se introdujo una nueva redacción del artículo 326, párrafo 2, por la que establece que dichos nombramientos tienen que hacerse en función de unas bases, que tienen que ser aprobadas por el Pleno del CGPJ y que «establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto».
Las tres asociaciones dicen que no comprenden «por qué existe prisa en nombrar unas presidencias o unas plazas que tienen su sistema de cobertura legal y pueden ser prorrogadas, mientras los componentes del propio órgano que las va a nombrar son, precisamente, los que ya no deberían permanecer».
«Sólo pedimos algo muy sencillo, en consonancia con lo que la nueva ley dispone: que se nos oiga antes de que esas bases y esos criterios se aprueben«.
EL CGPJ DEBERÍA ESCUCHAR A SUS GOBERNADOS
«El Consejo, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, sin perjuicio de sus atribuciones, debería escuchar a sus gobernados. No cuesta mucho y es esencial en un Estado de Derecho. La transparencia bien entendida comienza por uno mismo», añaden.
Los representantes de las cuatro asociaciones –también estaba la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se ha descolgado en esta ocasión del escrito– se reunieron el pasado mes de abril con los vocales José María Macías y Vicente Guilarte, quienes forman parte del grupo de 5 consejeros que han trabajado para definir las mencionadas bases.
«Expusimos diversas sugerencias que recalaron en el registro de ese órgano y que, por tanto, deben tener conocimiento. Una de ellas, generalizada, era la necesidad de que el propio Consejo, antes de aprobar las bases de cada convocatoria o antes de aprobar unas bases generales, diese traslado a las propias asociaciones para alegaciones, lo que es un trámite necesario en la redacción de cualquier disposición administrativa que afecte a una generalidad de afectados», dice el escrito.
«De manera sorprendente y sorpresiva, hemos constatado en la página del Consejo, que el día 8 de mayo se pueden aprobar las bases de diversas convocatorias sin que ni las asociaciones ni la Carrera Judicial hayan sido oídas. Se pueden aprobar de esta manera unas bases por el sistema de hechos consumados, sustrayendo a los interesados la posibilidad de formular alegaciones en su propia confección», añade.
Y recuerda al CGPJ que, aunque es un órgano legítimo, «está prorrogado por cuestiones ajenas a la voluntad judicial y desde hace varios meses debería haber sido sustituido por otros miembros diferentes».
LA APM NO QUIERE QUE SE FORME UN TAPÓN
La APM, por su parte, aunque está de acuerdo con la posición de las otras tres asociaciones, está en contra de oponerse a la renovación de las Presidencias citadas.
«Porque no sólo son esas cinco. A continuación vendrán las de Palencia, Valladolid, Vizcaya, Sevilla y Pontevedra, además de las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias, Extremadura, Aragón, Navarra y Canarias. El peligro es que se genere un tapón«, explicaron fuentes de la APM.
«Eso no quiere decir que renunciemos a que las elecciones se hagan con arreglo a criterios objetivos, teniendo en cuenta el mérito y capacidad, impidiendo que se hagan ‘trajes a la medida’ desde el CGPJ. Vamos a estar muy vigilantes», añadieron .
¿BASES O REGLAMENTO?
El artículo reformado de la LOPJ, el 326, párrafo segundo, habla de «bases» y no de Reglamento y de baremación.
Ahí está precisamente el contencioso.
Desde las asociaciones consideran que lo lógico sería modificar o desarrollar el Reglamento 1/2010, un proceso en el que se tendría que invertir un mínimo de seis meses.
Sin embargo, desde el CGPJ saliente consideran que tal posibilidad no está contemplada en la reforma citada y que no todos los cargos son lo mismo.
«No es lo mismo la Presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid que la de Cuenca. El perfil profesional y personal para cada una tiene que ser diferente. Y lo mismo sucede con las Presidencias de TSJ. Cada cargo tiene responder a unas bases concretas que tengan en cuenta el mérito y la capacidad y que reduzca el nivel de discrecionalidad. Y hay que trabajar sobre ellas», explicaron fuentes del CGPJ.
Ese es el nudo gordiano.
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