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La Fiscalía pide procesar por organización criminal a la cúpula de TV3, Catalunya Ràdio, cargos del Govern y Diplocat

La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo y Vicent Sanchís, respectivamente (EP)
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La Fiscalía ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que investiga la logística del 1-O, que procese también por presunta organización criminal a 28 investigados, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach; a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, y a excargos del Diplocat.

Según un recurso de reforma al auto de procesamiento, presentado ante el Juzgado y recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide procesar por organización criminal a cargos y excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo, el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía, Natàlia Garriga.

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Asimismo, pide procesar por este delito al exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías; el exsecretario general de la Conserjería de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, entre otros.

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ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

La Fiscalía cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, que afirma que puede ser organización criminal "cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas", que posea vocación de permanencia.

Incluye a estas 28 personas –todas las que según él deben ser procesadas en este caso– como las que actuaron "de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Catalunya" mediante su aportación individual y jerarquizada.

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En su recurso, el Fiscal pide procesar a 28 y no a 30 personas: incluye en su lista a la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, por un presunto delito de desobediencia porque, pese a que supo que la Generalitat estaba haciendo "un uso indebido de datos censales", no ejerció su correspondiente labor inspectora.

En cambio, ve improcedente el procesamiento de otros tres: la exsecretaria general de Gobernación, Meritxell Masó; la exjefa del área de procesos electorales, Montserrat Vidal y al consejero de la empresa Indugraff, Josep Maria Gisbert, al no ver indicios de delito en sus respectivas actuaciones.

El 9 de abril, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont–algunos siguen en la Generalitat–.

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La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, pero no incluyó entonces el delito de organización criminal.

La juez fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.

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INSTRUCCIÓN NO FINALIZADA

En el recurso de reforma del Ministerio Público, firmado por los fiscales Isabel Nevot, Fernando Maldonado y Teresa Duerto, se afirma que la investigación "en modo alguno ha concluido, y no solo porque la unidad de policía judicial no ha presentado todos los atestados, sino también porque será necesario practicar nuevas diligencias de investigación para acotar en mayor medida, si cabe, los hechos".

Añaden que incluso podrían solicitar "la imputación y procesamiento de personas distintas a los procesados por hechos que guardan conexión directa con los que son objeto de investigación".

Por el momento, los fiscales también piden que se procese por un delito de desobediencia –un delito que la juez instructora no les atribuía– a Amadeu Altafaj, Jaume Clotet, Antoni Molons, Josep Ginesta, David Franco, David Palanques, Albert Royo, Natàlia Garriga, Rosa Maria Rodríguez, Francesc Fàbregas, Josué Sallent, Xavier Puig, Marta Garsaball y Daniel Gimeno.

También piden que se procese a Josep Ginesta y David Palanques por un delito de descubrimiento y revelación de secretos porque "eran partícipes en el acceso y divulgación de los datos personales sin autorización para ello".

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