La Fundación Francisco Franco ha presentado un escrito al Tribunal Supremo en el que vuelve a exigir la paralización de la exhumación del dictador y posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y denuncia la aprobación por parte del Gobierno en funciones de la concesión al Estado de la titularidad del panteón donde será enterrado.
En su escrito a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Fundación Francisco Franco censura así el Real Decreto publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conceder a la Administración General del Estado la titularidad del panteón del cementerio de El Pardo donde será enterrado Franco y que hasta ahora pertenecía a Patrimonio Nacional.
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acordó pedir al Gobierno la desafectación de esta cripta el pasado mes de marzo, una vez que trascendiera los planes del Gobierno para exhumar al dictador del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio madrileño de El Pardo.
La Fundación Francisco Franco considera «una burla» y una «afrenta» al alto tribunal y al Estado de Derecho la aprobación de este Real Decreto por parte de un Consejo de Ministros «en funciones» y sin que se haya resuelto el recurso de suspensión presentado en el Tribunal Supremo.
«De nuevo se evidencia la finalidad de presionar, apremiar e influir en el Tribunal Supremo», ha explicado la Fundación en un comunicado, en el que critica que el Gobierno en funciones publicara este acuerdo «con sigilosa opacidad y patente afán subrepticio».
En este sentido, en su escrito ante el alto tribunal la Fundación ha denunciado que se contraviene el auto del Supremo de 17 de diciembre de 2018 en el que se defiende que la exhumación «solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros» y que «no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto».
Por todo ello, la Fundación Francisco Franco ha reiterado su petición al alto tribunal para que se suspenda la exhumación del dictador de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y su traslado e inhumación, al Cementerio de El Pardo-Mingorrubio, respectivamente.
A medidos de marzo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que los restos del dictador serían exhumados del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de El Pardo el próximo 10 de junio, siempre y cuando el Tribunal Supremo no lo suspenda antes como consecuencia del recurso presentado por la familia, al que ha presentado alegaciones la Abogacía del Estado.
Calvo explicó que el proceso se llevará a cabo sin «comunicación ni convocatoria pública» y se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido, ya que el fin es poder «preservar la intimidad» de la participación de la familia y «de los restos del dictador».
La vicepresidenta justificó que, con esta decisión, el Gobierno concluía el proceso abierto para el traslado de los restos del dictador que contempla la Ley de Memoria Histórica, insistiendo en varias ocasiones de que el Ejecutivo ejerce sus competencias con independencia de las decisiones que adopten otros órganos, en referencia al Tribunal Supremo. EP.
