El Tribunal de Cuentas seguirá adelante con el procedimiento abierto contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y algunos de sus consejeros por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1-O, han confirmado fuentes del órgano contable.
Asimismo, ha rechazado responsabilizarles de los gastos del dispositivo policial para esa jornada, conocido como la ‘operación copérnico’.
En un auto, la Consejera de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha dado por finalizada la fase preliminar del procedimiento abierto en diciembre del año pasado por las denuncias de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.
Tras concluir que existen indicios de responsabilidad contable, ha acordado pedir a la Sección de Enjuiciamiento que traslade el asunto a la Comisión de Gobierno del Tribunal para que designe un delegado instructor que inicie la investigación.
«Se deben investigar los gastos»
La instructora de las diligencias preliminares precisa que se debe investigar los gastos que puedan estar relacionados con el referéndum, pero ningún caso aquellos derivados del desplazamiento de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tal y como solicitaron las asociaciones.
«De los propios términos en que se formula la denuncia se desprende que en ningún caso su realización podría dar lugar a responsabilidad contable», señala la resolución.
En este sentido, recoge el argumento expuesto por la Abogacía del Estado en sus alegaciones y explica que «para que pueda apreciarse la existencia de responsabilidad contable es necesario que el menoscabo en los caudales públicos se haya producido por las personas que han gestionado esos fondos».
Continúa diciendo Mariscal de Gante que en el supuesto que se están analizando no se da dicha circunstancia, ya que «los responsables del referéndum ilegal del 1-O, quienes, evidentemente, ni ordenaron la denominada ‘operación copérnico’ ni el pago de los gastos necesarios para llevarla a cabo».
Eso sí, afirma que esto no excluye que los organizadores de la votación puedan resultar obligados a indemnizar al Estados por los gastos que éste hubiera tenido que realizar «para prevenir, impedir o dar respuesta a las actuaciones contrarias a la ley vinculadas al referéndum».
Esto sería una «responsabilidad distinta de la contable», algo que no corresponde declarar al Tribunal de Cuentas, apostilla.
Así, lo que el órgano fiscalizador investigará serán los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación.
El uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la denominada campaña ‘Civisme’.
También se analizará si se destinaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista.
EL FISCAL NO FIJÓ UNA CIFRA CONCRETA
La denuncia de la Fiscalía no fija una cantidad concreta de gastos a reclamar, aunque si cita entre otras facturas relacionadas con los locales de votación (900.906.70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.6661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería.
Por lo que se refiere a la acción exterior, el documento destaca la «acción de la presidencia catalana» en el exterior que absorbió 2,3 millones de euros, a lo que se añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
Por otro lado, Mariscal de Gante ha rechazado las alegaciones planteadas por la Generalitat, que solicitó el archivo de este procedimiento, al menos hasta que finalice el juicio por el ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo y los que se celebrarán posteriormente en los tribunales catalanes.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas contesta que «sea cual fuere el alcance de la vinculación de este tribunal a lo que pudiera declararse probado o no probado en las causas penales seguidas por los mismos hechos».
No existen «normas reguladoras del procedimiento administrativo común, ni menos aún normas que dispongan que la suspensión de los procedimientos administrativos basada en prejudicialidad penal tenga que ser necesariamente inmediata».
ALEGACIONES DE LA GENERALITAT
Al mismo tiempo, la Generalitat de Cataluña argumenta que «el Estado pagaba y paga a los proveedores» de la administración catalana, por lo que considera que era «materialmente imposible destinar fondos para preparar el referéndum».
Recuerdan también que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirmó que 1-O y sus actos preparatorios no fueron financiados con fondos públicos.
Asimismo, niega los encargos a Unipost y el CTTI y que se causase «daño a los fondos públicos por la dedicación temporal de edificios públicos a la celebración del referéndum» porque «no hubo relación de causalidad entre la actuación del Gobierno de la Generalitat y el uso de dichos edificios» para la jornada de votación ilegal.
Por último, el recurso discrepa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en cuanto al pago de la campaña ‘Civisme’, pues la Generalitat considera que se enmarca dentro de «publicidad institucional y no de comunicación pública de servicios», por lo que entiende que la corporación reclama «infructosamente» las facturas emitidas.
