El Supremo argumenta que la prohibición temporal de transmisión de las autorizaciones VTC no pretendió impedir un posible fraude sino incidir, al menos temporalmente, en el mercado del servicio de transporte limitando
Mañana entra en vigor en la Comunidad Valenciana el Decreto Ley que allí restringirá los servicios VTC
Según la patronal Unauto VTC la Comunidad Valenciana se enfrenta a unos costes de expropiación de al menos 166 millones de euros. Uber anuncia que desde el sábado dejará de prestar servicio en esta región
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31/5/2019 06:15
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Actualizado: 31/5/2019 01:08
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Mañana sábado entra en vigor la imposición de un tiempo de espera adicional de 15 minutos para todos los trayectos con vehículos de alquiler con conductor.
Hasta el momento han estado prestando servicio a miles de ciudadanos, locales y turistas; de forma totalmente legal y legítima en la ciudad de Valencia.
Así lo contemplaba dicho Decreto Ley, que restringe los servicios VTC en la Comunidad Valenciana.
Desde Unauto VTC se recuerda que la normativa de transporte ya diferencia los servicios de taxi y VTC, con una clara ventaja para los taxis; que además de poder operar en precontratación, tienen el monopolio de la mano alzada y las paradas en la ciudad.
La normativa establece que la contratación del servicio debe realizarse por parte del usuario; de forma telefónica o telemática. El tiempo adicional no añade nada a ese proceso, lo cual hace evidente que es una medida dictada por el taxi, para seguir dificultando la operativa de las VTC.
La plataforma Uber, dedicada a establecer contactos entre usuarios y vehículos de transporte con conductor (VTC), anunciaba este jueves que dejará de operar en Valencia el sábado, cuando entra en vigor un nuevo decreto que regula el sector, ante la incredulidad de los taxistas, convencidos de que no será así.
Para Uber, la obligatoriedad valenciana de esperar 15 minutos para contratar una VTC es una restricción incompatible con la inmediatez de su servicio, mientras que otras plataformas similares, como Cabify, seguirán operando con normalidad tras adaptar su modelo de negocio a la nueva legalidad.
Desde Cabify se indica que “los usuarios tan solo tendrán que aceptar unos nuevos términos y condiciones por los que contratarán un nuevo servicio de transporte a través de la aplicación y, transcurridos los primeros 15 minutos desde esa aceptación, podrán solicitar su siguiente trayecto».
La empresa española asegura que con su decisión «reafirma su compromiso con la ciudadanía, el empleo y los 300.000 usuarios que tiene registrados en la Comunidad Valenciana, alumbrando una solución que implica, sin embargo, la asunción de un mayor riesgo empresarial y mayores costes operativos para la compañía».
Condiciones poco beneficiosas
Cabify considera que las condiciones impuestas por la Generalitat, que entran en vigor el 1 de junio, «en nada benefician ni a la ciudadanía ni a los usuarios» y recuerda que ha presentado una denuncia por su supuesta inconstitucionalidad.
Unauto VTC que representa al 90% del sector en España, lamenta que la Generalitat haya cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi; que lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio.
“Con esta medida, el sector de las VTC se ve injusta e injustificadamente restringido».
«Valencia se ve obligada a renunciar a las ventajas de la tecnología y los nuevos modelos de movilidad, de los que sí disfrutan otras comunidades, como Madrid o Andalucía”, explicaba Ricardo González, presidente de Unauto VTC Valencia.
Al mismo tiempo comentaba que “añadir un tiempo adicional de espera no busca diferenciar el taxi de la VTC; sino dificultar y restringir la actividad de las VTC a favor del taxi”, subrayaba el propio González.
Además del perjuicio para ciudadanos y conductores, la Comunidad Valenciana se enfrentará a un coste de expropiación, derivado de la restricción de la actividad de las VTC; de al menos más de 166 millones de euros, calculados en un informe realizado por Ernst & Young (EY).
Por su parte, Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC a nivel nacional, lamenta que esta norma acabe con el sector de las VTC tal y como lo conocíamos hasta el momento.
“Las normas deben pensar en el bienestar general y este Decreto Ley no solo va en contra de los cientos de conductores del sector y de los ciudadanos, sino que condena a la Comunidad a volver a la movilidad del siglo XX”.
Martín añadía por su parte que “confiamos en que la Comunidad Valenciana impulse un nuevo modelo de movilidad que mire al futuro, en el que tengan lugar todas las alternativas de transporte y las nuevas tecnologías».
«Nosotros seguimos a disposición de todas las autoridades para aportar nuestra visión y colaborar para definir ese nuevo modelo”.
Curiosamente en medio de esta polémica, los ciudadanos mostraron su rechazo a las restricciones contra el sector de las VTC.
De acuerdo con una encuesta realizada por Metroscopia, el 81% de los españoles está a favor de la apertura del sector y de la liberalización del taxi, para operar en las mismas condiciones.
Además, la encuesta pone de relieve el desacuerdo de los valencianos en las medidas tomadas por la Generalitat de Catalunya, donde se limita la actividad de los VTC.
En concreto, al 74% de los ciudadanos valora este hecho como negativo (50%) o muy negativo (24%).
Sin embargo, en lo que respecta a la decisión de la Comunidad de Madrid de desregularizar el taxi en vez de limitar a las VTC, el 55% de los valencianos está de acuerdo con la manera de actuar de la Comunidad de Madrid, y valoran la decisión como muy positiva (11%) y positiva (44%).
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