El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcorcón ha admitido a trámite la denuncia interpuesta el pasado 17 de mayo por un grupo de trabajadores de la residencia de mayores de Alcorcón, localidad del sureste de la Comunidad de Madrid, que es de titularidad pública, por «ausencia temeraria de personal en este centro», según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.
«El juez ha dado traslado de la denuncia a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que ésta informe de los hechos denunciados y las medidas adoptadas en su caso», han detallado.
Los trabajadores públicos explicaron hace dos semanas que denunciaban porque era la «última medida» que podían tomar después de que ni la Comunidad de Madrid, ni la dirección del centro les hubiesen hecho caso.
«Y eso, a pesar de que nos estamos viendo obligadas a dar la atención a 40 residentes, grandes dependientes, entre dos auxiliares de enfermería, o técnicos en cuidados de enfermería (TCAE)», según expusieron.
Esta situación, según afirmaron, «hace que no se puede dar una atención digna» ni para los residentes, ni para ellos e insistieron en que con la ratio que manejan no pueden «asumir todo el trabajo».
Por todo ello, reclamaron ante un juez que se les proporcionaran los recursos humanos necesarios para poder dar un servicio óptimo a los usuarios del centro.
En la denuncia, se recogen situaciones varias como que el 13 de mayo eran 20 TCAE «para atender y realizar aseos, comidas, reparto de medicación, cambio de pañales y vigilancia de los residentes, un total de 270».
Fuentes del Gobierno regional señalaron que «no era cierto» que se hubiese producido ninguna falta de atención a los residentes, asegurando que este centro «mejora ampliamente la ratio establecida por la normativa estatal en lo referente al número de profesionales por residentes del centro».
DEFENSOR DEL PACIENTE
A esto se suma que el pasado 14 de febrero la Asociación del Defensor del Paciente mandó una carta a la Fiscalía de Alcorcón pidiendo que se actuase de oficio con el objetivo de que se «depuren responsabilidades» ante la «mala gestión» de la misma.
En la misiva, la presidenta, Carmen Flores, solicitó que se investigaran los hechos «por dejación de funciones al no vigilar el trato» y ante «la falta de personal la situación de la propia residencia», entendiendo que «los mayores deben ser tratados con respeto y dedicación».
De esta forma, se hacían eco de las denuncias que la Plataforma de familiares de la Residencia de Mayores de Alcorcón llevaba haciendo hace años.
Su portavoz, Luis de Miguel, ha dicho en varias ocasiones que ha habido «deficiencias inconcebibles, situaciones de riesgo, falta de aseo que les deja escaras, caídas o errores en la pautas y suministros de la medicación».
Las críticas se vieron agravadas en 2017, después de que el 9 de abril un anciano de 80 años falleciera en los jardines de la residencia, sin que nadie se diera cuenta hasta el día siguiente, por lo que fueron investigadas varias enfermeras y auxiliares de la residencia.
El magistrado del caso, Agustín Carretero, decidió finalmente archivar dicha causa al entender que, si bien «se puede desprender una discrepancia en la aplicación de los protocolos de actuación, a tenor del informe final del médico forense, no ha tenido una relación causal directa con el hecho de la muerte del residente».
