El tribunal que juzga la demanda civil presentada contra la residencia DomusVi, de Alcoy, en la que fallecieron 74 ancianos el primer mes de la pandemia de la covid-19, deberá decidir si condena o absuelve a la empresa que gestiona esta y otras residencias, y a las compañías aseguradoras.
La acusación, que representa a las familias de 18 afectados, pide 2,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, al considerar que la masiva mortandad producida en las primeras semanas de la pandemia se produjo por falta de higiene, escasez de personal y nula precaución por parte de los gestores de la residencia.
Este jueves, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy ha dejado visto para sentencia el juicio tras oír las conclusiones de las partes en lo que ha sido el primer juicio en España contra una residencia por la gestión durante la pandemia.
Según los familiares, el centro no siguió protocolos adecuados
En la citada residencia de Alcoy fallecieron 74 de los 138 mayores internos (el 52,9 por ciento) entre marzo y abril de 2020.
Para la abogada de los familiares, la prevención y precaución durante el inicio de la pandemia en DomusVi Alcoy «fue negligente, se mire como se mire», debido a «la falta del deber de cuidado» ya que «se priorizaba la economía de la empresa (Quavitae Servicios Asistenciales, matriz de DomusVi) sobre el bienestar» del mayor.
Una política que, según la letrada, «desató la gran cantidad de contagios» de covid y causó «el fallecimiento prematuro aunque se intente trasladar que (los mayores internos) iban a morir igual».
A la escasez de médicos y gerocultores se añadió que no se ejecutó el protocolo contra la propagación del virus con medidas como «la sectorización del centro» para separar a los internos en función de los síntomas.
«Todos los residentes comían en la misma sala», ha puesto como ejemplo la abogada de los allegados, quien también ha apuntado que el protocolo establecía 60 horas semanales de atención médica cuando en realidad eran de 30, y sólo se reforzó a última hora a 40.
La defensa de la residencia niega negligencia alguna
Por su parte, la abogada de la residencia ha asegurado que la acusación de «negligencia no tiene ninguna base» y que es «ofensivo e insultante» que «se atribuya el caos a no gastar» por parte de la dirección.
Tras considerar «irrelevantes» las quejas por falta de personal o las situaciones denunciadas por los allegados en los meses anteriores a la pandemia, como varios brotes de gastroenteritis a partir de 2018, esta letrada ha sostenido que no ha habido incumplimiento de ratios en la plantilla, lo que se demuestra en el testimonio de tres familiares, que en el juicio han dicho que «no tenían queja del personal».
Además, ha explicado que en el primer momento de la covid-19 era difícil «sectorizar» a los mayores.
Era «ineficaz porque seguían entrando familiares y empleados, que no tenían restricciones fuera», y ha añadido que cuando comenzaron los primeros fallecidos, el 16 de marzo de 2020, las autoridades sanitarias únicamente recomendaban jabón y gel hidroalcohólico contra los contagios y que no fue hasta el día 19 cuando se emitió una norma de sectorización.
También ha afeado a varias de las familias de personarse en la reclamación económica pese a no haber «visitado en años» a sus parientes en DomusVi Alcoy, un argumento que ha compartido y ha citado la representante de la aseguradora Mapfre.
