El hombre, de 55 años, fallecía por una neumonía bilateral por Covid-19, debido a que no se le realizaron las pruebas diagnósticas a tiempo. Un caso en el que la Justicia obliga al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar a sus familiares con más de 280.000 euros, apreciando la mala praxis del servicio público de salud.
Ramón (nombre ficticio), de 55 años, acudía el 23 de marzo de 2021 al servicio de urgencias del Hospital de la Merced. Un centro al que acudía con fiebre, malestar y roncus, y en el que se le diagnosticaba Covid-19. También se le realizaba una radiografía de pulmón, con la que se le informaba de «una dudosa imagen de condensación pulmonar».
Sin embargo, el hospital no practicaba al paciente un control radiológico o TAC, sino que se le daba de alta a domicilio, recetándose paracetamol cada 8 horas.
Unos días más tarde, el 28 de marzo, Ramón acudía de nuevo a urgencias, con persistencia de la fiebre y disnea de esfuerzo. Momento en el que «el estudio radiográfico de tórax identifica un infiltrado intersticial parcheado periférico bilateral». Y con ello, es trasladado al hospital de Valme.
Hospital en el que ingresa con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica secundaria a neumonía bilateral por Covid-19. Al empeorar, ingresa poco después en la UCI, donde fallece el 5 de abril a consecuencia de la neumonía por coronavirus.
Situación ante la que la familia del fallecido presentaba una reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial por negligencia médica contra el SAS. Una reclamación que era desestimada, y que provocaba la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de los familiares, representados por la abogada Mª Jesús Villapando, de la asociación El Defensor del Paciente.
280.000 por mala praxis en un caso Covid-19
Recurso que llegaba ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº11 de Sevilla que, en su sentencia 101/2025, reconocía las pretensiones de la familia.
Por su parte, la aseguradora del SAS, Société Hospitalière d’Assurances Mutuelle, alegaba falta de legitimación activa. Ello, al entender que la falta de información al paciente «es un daño personalísimo que sólo puede ser reclamado por el afectado».
El SAS se oponía también al recurso. Ello, entendiendo en parte justificada la reclamación, proponiendo que la indemnización se redujera un 10,8%, debido al riesgo asumido por le paciente, «en el momento en que fuera ingresado, en la medida en que la mortalidad hospitalaria de las neumonías por Covid-19» se cifra en este porcentaje.
«Es posible apreciar mala praxis o infracción de la lex artis en la asistencia sanitaria», estipulaba en su fallo el juzgado. Ello, en relación al primer contacto del paciente con el SAS. Y es que, a pesar de la afectación que sufría el paciente en este primer momento, no se le realizaron las pruebas o el seguimiento adecuados.
Algo que, para el juzgado, «es en este momento en el que se aprecia la quiebra de la praxis médica oportuna», al enviar al paciente con tratamiento médico de paracetamol a su domicilio. «Lo oportuno hubiera sido realizar la correspondiente analítica con el fin de ir avanzando en la estratificación del riesgo real del paciente».
Una mala praxis que se puede relacionar con el «resultado dañoso». En concreto, el fallecimiento del paciente, con 55 años, y sin antecedentes médicos de relevancia.
Caso que lleva al juzgado a estimar el recurso de la familia del fallecido por Covid-19. Y con ello, estipular una indemnización de 283.612 euros, más intereses.
