La cúpula de la Federación de Fútbol de Madrid denunciada por apropiación indebida, administración desleal y corrupción
Francisco –Paco– J. Díez Ibáñez, presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol, contra el que la RFEF, que preside Luis Rubiales, dirige la denuncia interpuesta ante los tribunales de justicia.

La cúpula de la Federación de Fútbol de Madrid denunciada por apropiación indebida, administración desleal y corrupción

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03/6/2019 01:00
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Actualizado: 03/6/2019 10:02
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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que preside Luis Rubiales, ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Madrid contra Francisco J. Díez Ibáñez y Antonio Santos García, presidente y vicepresidente económico de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) y contra Francisco Sánchez Valero, vocal de la Mutualidad, y «cuantas otras personas, a lo largo de la instrucción de la causa, puedan resultar implicadas como autores responsables de los hechos».

Los supuestos delitos de los que podrían ser responsables los mencionados son los de apropiación indebida (artículos 253 y siguientes del Código Penal), del delito de administración desleal (artículo 252 del Código Penal),  y del delito de corrupción en los negocios (artículos 286 bis y siguientes del Código Penal), dice la denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal. 

La denuncia de la RFEF tiene su origen en un escrito que el 30 de abril de 2019 presentó ante la RFEF Pablo Álvarez Delgado, en nombre de la Asociación en Defensa de los Intereses del Fútbol en Madrid, en el que daba cuenta de una denuncia interpuesta ante la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Denuncia en la que se ponían de manifiesto determinadas irregularidades cometidas por los Díez Ibáñez, Santos García y Sánchez Valero.

SERIAS IRRGULARIDADES 

De acuerdo con ese escrito, estos cometieron serias irregularidades «con relación a la enajenación o venta de la Sede de dicha Federación Madrileña de Futbol, donde muy sucintamente se pone de manifiesto, como se procedió a la venta de dicha sede federativa ‘a espaldas y sin el conocimiento y consentimiento previo de la Asamblea General, vulnerando los estatutos y normativa de la RFMF‘».

Esto puede estar ocultando «irregularidades administrativas» y/o de «carácter económico a espaldas de cualquier clase de autorización o fiscalización de la operación, y la ausencia total de transparencia con relación a la misma».

Otro punto importante de la denuncia «son las obras de instalación temporal de la Federación Madrileña de Futbol, en los campos de futbol Ernesto Cotorruelo».

La Presidencia de la RFFM, según la denuncia, «ha acordado de manera unilateral construir en dichas instalaciones con fondos procedentes de la Federación Madrileña de Futbol obviando toda clase de licitaciones al efecto, y llevando a cabo en determinadas partidas presupuestarias adjudicaciones directas, a personas directa o indirectamente vinculadas con dichos cargos federativos, sin seguir protocolo administrativo alguno, lo que hace sospechar el presunto interés económico existente en las personas denunciadas sobre el desarrollo de dichas obras y las partidas económicas invertidas o gastadas en las mismas, las cuales, al igual que el hecho anterior, de acuerdo con el contenido de la denuncia, se encuentran fuera de cualquier tipo de control administrativo y/o económico».

¿IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE RETRIBUCIONES Y DIETAS?

Según se refleja en la denuncia, el presidente de la RFMF, Díez Ibáñez, cobró 46.153,86 euros, entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, en concepto de dietas. «Lo que supone, si de dietas se tratara, la celebración de 307,69 reuniones entre ambas fechas».

«Esto es, en casi diez semanas, a razón de 150 euros reunión, lo que hace presuponer el cobro de dietas irregulares por el volumen de las mismas y la cantidad de dinero recibido por ese número ingente de reuniones».

«Si, por el contrario, no se tratara de dietas, supondría una cuantía de 46.153,85 euros como retribución correspondiente a dos meses y una semana de trabajo», especifica el escrito.

Del mismo modo, se atribuye al vicepresidente económico Santos García, «la percepción en dicho concepto de dietas la cantidad de 36.923,08 euros, lo que implica la celebración de 369,23 reuniones, a razón de 100 euros cada reunión».

«A dichas cantidades hay que adicionarle 33.187,94 euros en concepto de suplidos, desplazamientos, etc., percibidos por dichos cargos y otros».

Ambos cargos federativos –presidente y vicepresidente económico–, sólo en el ejercicio de 2017 (desde el 24 de octubre) ha percibido la cantidad de 148.523,93 euros, cantidad excesiva, dice la denuncia.

PORTAL DEL FEDERADO 

Dos empresas son las beneficiadas por la adjudicación del Portal del Federado: IDEC, S.L, y NOVANET. 

La denuncia afirma que no se han respetado –supuestamente– las garantías administrativas y/o económicas en la adjudicación de dicho servicio.

Existe, por lo tanto, la presunción de que «puedan existir ciertas vinculaciones o tráfico de influencias entre miembros de la Junta Directiva o de personal al servicio de la Real Federación Madrileña de Futbol». 

En todo caso, el gasto realizado no ha estado supeditado a la Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid «a los efectos de la autorización, el control y la fiscalización del gasto llevado a cabo».

Por otra parte, la RFEF, en su denuncia, también pone de manifiesto «irregularidades económicas en la percepción de los llamados derechos audiovisuales, y la absoluta carencia de información al respecto, lo que presuntamente puede ser también otro aspecto no sometido a control administrativo y/o económico, y consecuentemente a hechos irregulares que pueden revestir igualmente de manera presunta, el carácter de delictivos».

NO HUBO AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA NI CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS

Finalmente, la RFEF señala que «la Administración Pública de la Administración de la Comunidad de Madrid debería haber autorizado los gastos llevados a cabo por la Federación Madrileña de Futbol, controlando las subvenciones recibidas, y autorizando las disposiciones (enajenaciones o ventas, etc.) sobre bienes inmuebles cuando estos han sido financiados total o parcialmente con fondos públicos», de acuerdo con la Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid.

La pelota queda, ahora, en el tejado de la Justicia.

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