La Unión Progresista de Fiscales (UPF) celebró su XXXIV Congreso en la ciudad de Zaragoza, con el objetivo de debatir y concluir sobre algunos de los aspectos de mayor actualidad dentro del mundo jurídico.
Ante la inminente llegada de un nuevo Gobierno, entienden como absolutamente indispensable la realización de una reforma que modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Consideran que hay una paralización prácticamente absoluta de los ascensos a segunda categoría, inexistencia de concursos con expectativas razonables de movilidad, y desigualdad en los repartos de trabajo.
También destacan la falta de conciliación laboral y familiar no son sinos meros ejemplos de los problemas que, a día de hoy, padecen los compañeros y que no tienen una respuesta, o solución, en el texto vigente de nuestro Estatuto cuya reforma data, dígase de paso, de hace casi diez años.
Por ello, la Unión Progresista de Fiscales insta a la Fiscalía General del Estado que, a la mayor brevedad posible, proceda a la creación de una comisión interna donde se debata, y proponga, la elaboración de un nuevo texto.
Esperan que en él estén representados todos los estamentos del Ministerio Fiscal ya sea desde un punto asociativo (AF, UPF, APIF, Fiscales no asociados) como desde un punto de vista escalafonal (con fiscales pertenecientes a todas las categorías).
En cuanto a justicia digital, creen que hay una creciente fuente de inseguridad jurídica que genera problemas en distintos planos.
«La configuración del actual expediente electrónico no responde en manera alguna a criterios de integridad, autenticidad y cronología, advirtiéndose por compañeros el riesgo de concluir numerosos procedimientos en posibles nulidades o en sentencias absolutorias», aseguran.
Y añaden que «siendo en ocasiones la coexistencia con el expediente en papel, lo que ha permitido salvar la graves deficiencias del expediente digital y proteger a los intervinientes en él proceso, por cuanto los errores advertidos hubieran conducido necesariamente a sentencias absolutorias».
Desde la UPF exigen al Ministerio de Justicia una respuesta inmediata a las necesidades reclamadas por la Fiscalía General del Estado.
Artículo 324 de la LECrim
Una vez más, la UPF exige de nuevo la derogación del plazo máximo de investigación en nuestro proceso penal.
Opinan que la ley no solo no ha cumplido los objetivos deseados, sino que más bien ha agravado la tramitación de las causas penales, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un Estado de Derecho.
«La aplicación de este artículo en asuntos relacionados con la corrupción (Casos Acal, Pasarelas, caso Nazarí y otros) permiten considerar su derogación como una auténtica medida anticorrupción«.
En el Congreso también hubo tiempo para analizar la situación que se vive respecto a los discursos de odio. «Desde la UPF queremos advertir del peligro que la normalización del discurso del odio supone para los valores democráticos».
«Este discurso se propaga velozmente en las redes sociales y en los medios de comunicación, llegando a alcanzar las Instituciones y constituye un ataque intolerable a los derechos de grupos especialmente vulnerables».
Acceso a las carreras judicial y fiscal
La Unión Progresista de Fiscales entiende que el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal debe ser reformado para adaptarlo a las necesidades y tiempos actuales en un mundo globalizado y digitalizado.
El sistema de test y exposición oral, exclusivamente memorístico es una suerte de gimnasia o maratón mental que «no puede ser el parámetro de selección de quienes han de tomar decisiones, resolver conflictos y relacionarse con la sociedad a la que pertenecen».
Proponen hacer comunes los periodos de formación inicial entre jueces y fiscales, unificando escuelas y para realizar la elección al finalizar el curso teórico, o teórico-práctico de formación.
Consideran que esto favorecería la flexibilidad, el intercambio de carreras, la riqueza de compartir conocimientos y experiencias y también, iría directamente encaminado a alcanzar mayores cotas de autonomía, incluso en este período inicial.
Desde la Unión Progresista de Fiscales también se ha continuado reivindicando la defensa de una justicia moderna, eficaz, «con medios suficientes para defender los derechos de todos los fiscales y de todos los ciudadanos».
Exigencias
Por tanto, desde UPF exigen la inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuente de impunidad, o un sistema de justicia digital eficiente y que lejos de ser una fuente de desesperación, sea una útil herramienta de trabajo, entre otras peticiones.
El incremento de la Plantilla de la Carrera Fiscal, una adecuada retribución de las Guardias, la reforma del sistema de retribución variable, la modificación del complemento de Grupo de Población, la recuperación del poder adquisitivo, también entran dentro de esas exigencias.
Por último, sobre la reforma procesal penal, desde la UPF quieren reiterar la necesidad de adaptar el modelo procesal penal español a las necesidades y la compleja realidad delincuencial del siglo XXI.
En consecuencia, la UPF demanda del legislador recientemente salido de las urnas democráticas que asuma la tarea de concebir un proyecto serio y definitivo que aborde los problemas estructurales del proceso penal español.
De ese modo acabaría con la «obsoleta y dispar en el ámbito europeo figura inquisitiva del juez de instrucción y atribuya al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal».
