«Su señoría alegó un término que supone una falta de respeto a la abogacía. Vino a manifestar que el letrado podía aparecer gracias al don de la ubicuidad».
En estos términos tan claros y contundentes se expresó el abogado penalista, Juan Gonzalo Ospina, frente a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, María Sol López Martínez, cuando le correspondió el uso de la palabra en la comparecencia que tuvo lugar hoy a las 11.00 en una de las salas de vistas de ese órgano judicial y que duró apenas 10 minutos.
La magistrada se mostró –como era de esperar– formal, distante y educada, visto lo visto con lo sucedido en los últimos días.
Después de denegarle a Ospina la suspensión de la comparecencia de sus tres clientes, en calidad de investigados, fijada para hoy, por tener otras dos señalamientos, uno en Ávila y otro en Alcobendas, Madrid.
López Martínez optó por «enfriar» la situación y ceñirse al guión judicial establecido para estos casos.
Por más que le pudiera irritar que el abogado hubiera presentado una queja contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial, hubiera solicitado amparo al Colegio de Abogados de Vigo y le hubiera recurrido en apelación el señalamiento en cuestión, el del «don de la ubicuidad».
No podía traslucirse que hubiera nada personal.
Y, en ese sentido, lo hizo bien.
INDEFENSIÓN
El abogado, después de que uno de sus clientes declarara que sólo iba a responder a las preguntas de su letrado, tomó la palabra.
Solicitó, después de recalcar lo expresado, mirándola a los ojos, que se suspendiera la vista.
Porque «nos genera indefensión, tanto al derecho de defensa» como a la «tutela judicial efectiva», por la «inseguridad jurídica» en que se habría desarrollado la declaración al no saber, a priori, si se iba a celebrar o no, adujo.
Y añadió: «Porque hasta el día de hoy no hemos tenido la certeza de que se iba a suspender o no. La declaración de un investigado tiene la máxima importancia. Las circunstancias del caso no son conformes a derecho. Esta defensa no está preparada para ejercer su función», añadió.
El Ministerio Fiscal apoyó la argumentación del abogado en favor de la suspensión.
«Por las circunstancias en que han sucedido los acontecimientos y por los plazos en los que se han movido, es perfectamente admisible que la defensa pueda alegar que no está suficientemente preparada».
«Por lo tanto, consideramos que lo más conveniente sería que se estimase la solicitud de suspensión para evitar ulteriores cuestiones de nulidad, procediendo a señalar un nuevo día«, dijo el fiscal.
Ospina explicó que, desde su punto de vista, tanto el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como el artículo 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como la sentencia del Tribunal Supremo 78/2019, de 31 de enero, dejaban muy claro las condiciones en que se puede solicitar el cambio de un señalamiento.
Y que, en su caso, se habían cumplido todas.
LA CULPA LA TUVO LEXNET
La magistrada López Martínez admitió la tesis de la indefensión esgrimida por el abogado defensor y por el fiscal.
«El hecho de que su letrado no esté suficientemente instruido en el caso genera una indefensión hacia usted», le dijo a uno de los clientes de Ospina.
«Por ese motivo, voy a suspender el señalamiento de hoy y no por la comparecencia, o falta de comparecencia, del letrado», dijo la juez.
Sin hacer ninguna referencia al supuesto «don de ubicuidad» del letrado, que figuró en la providencia que generó este conflicto.
La magistrada terminó explicando a todos los presentes que las resoluciones se comunicarían vía Lexnet.
«Ya sabe todo el mundo cómo funciona Lexnet. Se tarda mucho tiempo en que el escrito llegue a la mesa del juez para que pueda resolver y por eso se ha dilatado en el tiempo. No por otra cosa».
Fue la única referencia de Su Señoría a las repetidas solicitudes de suspensión del señalamiento por parte del abogado.
Al final, Lexnet parece que tuvo toda la culpa de lo sucedido, según se desprende de las palabras de la magistrada.
