Para la magistrada González Álvarez, la acusada fue perfectamente conocedora de que la contratación del personal al servicio del Ayuntamiento «requería con carácter preceptivo un previo proceso selectivo en los términos prevenidos en el artículo 34 del Real Decreto 1.732/1994″.
«Esto es, cuando no fuese posible la provisión de los puestos de trabajo vacantes en las corporaciones locales reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal por los procedimientos previstos en los artículos 30, 31 y 32, las corporaciones locales».
«Podrán proponer, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el nombramiento como funcionario interino de una persona que esté en posesión de la titulación exigida para el acceso a la sub escala y categoría a la que pertenece».
De ese modo, se efectuará la resolución del nombramiento «por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, debiendo quedar acreditado en el expediente la imposibilidad de provisión por un funcionario con habilitación de carácter nacional».
Hechos probados
En este sentido, la sentencia considera probado que, a pesar de ello, la entonces alcaldesa «optó hasta en dos ocasiones, por contratar, en los términos y para los cargos indicados en el relato de hechos probados».
«Todo sin incoación de expediente alguno y sin sujeción a los principios exigidos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, designando en ambos casos a las personas referenciadas simplemente porque ese era su deseo, con un desprecio absoluto hacia la normativa vigente».
En el caso de una tercera contratación aunque considera que sí fueron respetados tales principios, «el proceso subsiguiente adolece de irregularidades tales que permiten concluir que también en ese caso la acusada tenía especial interés en mantenerla en el puesto a pesar de haber expirado el plazo de contratación».
Obviando el anuncio de un nuevo proceso de selección, como sería preceptivo, «a fin de que la persona aspirante que obtuviera la plaza pudiera tomar posesión de la misma».
La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
