Tacha de “flagrante desproporción” la obligación legal de inhabilitar para la profesión docente a una persona condenada por hechos en los que no hay menores víctimas.
La funcionaria, que también desempeñaba su labor en el Juzgado de Paz, entre cuyas funciones está el Registro Civil, obligaba a los solicitantes a desplazarse hasta Tudela.