El Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación por ordenar la grabación, en la cárcel, de las conversaciones de los acusados en el caso Gürtel y sus abogados. Foto: Confilegal.
Baltasar Garzón pedirá su reingreso en la Carrera Judicial tras el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU
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27/8/2021 06:46
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Actualizado: 27/8/2021 06:46
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El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pedirá su reingreso en la Carrera Judicial después de conocerse que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) le ha dado la razón al concluir que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena.
La Sala de lo Penal le condenó en 2012 a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la grabación de las conversaciones de los cabecillas del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid.
La sentencia fue acordada por unanimidad por los siete magistrados del tribunal, que presidió Joaquín Giménez.
«Voy a pedir mi reingreso en la carrera judicial», ha señalado Garzón en una entrevista concedida a El País.
En el dictamen, el Comité considera que Garzón no tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo –por el que fue absuelto después– y Gürtel», por lo que ha acordado que España compense al exmagistrado por el daño causado.
«Para mí, lo más importante es que pide que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante. Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro. La reparación integral sería mi reposición como magistrado«, dice Garzón a El País, para luego añadir que lo que toca ahora es «blanco y en botella» porque «si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan».
No obstante, añade que ahora estudiará el cauce adecuado para solicitar ese reingreso porque, apunta, «de oficio no lo van a hacer». Y añade que será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien tendrá que tomar una posición al respecto.
En el dictamen, el Comité ha reprochado la actuación del Supremo y el hecho de que los procedimientos ‘Franquismo’ y ‘Gürtel’ fueran tramitados simultáneamente, con juicios celebrados con cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, pese a la solicitud del exmagistrado de que fueran recusados.
Este organismo de la ONU ha concluido que las decisiones del exmagistrado en el ‘caso Franquismo’ –que investigaba desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco— constituían una «interpretación jurídica plausible» en las que no se desprende «una mala conducta o incompetencia que pudiera justificar su incapacidad para el desempeño de sus funciones».
Con respecto al ‘caso Gürtel’, ha asegurado que la interpretación de Garzón –«aún en el supuesto de haber sido errónea»– «no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal«, que le llevó a perder definitivamente su cargo como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Así, el Comité ha subrayado que la condena del Supremo en el caso Gürtel fue «arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida» por la ley.
Además, ha reprochado el hecho de que el exjuez no tuviera acceso a una segunda instancia a la que apelar al haber sido juzgado por la máxima instancia judicial española.
El Comité ha indicado que, aún en el supuesto de que Garzón hubiera incurrido en un error judicial, este debiera haberse corregido mediante la revisión por un tribunal superior y no mediante su procesamiento penal.
En el marco de su estrategia de defensa, el exmagistrado recurrió también ante el Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo.
En este marco, España deberá presentar sus «explicaciones o declaraciones escritas» y avisar si ha adoptado medidas sobre el caso del exjuez Baltasar Garzón en un plazo de seis meses ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Fuentes del órgano de expertos independientes han precisado a Europa Press que el Pacto –vigente desde 1976– especifica en su artículo 4.2 el plazo que tienen los Estados Parte para pronunciarse sobre los dictámenes y avisar si han adoptado o no alguna acción al respecto.
Un relator especial para hacer seguimiento del dictamen aprobado
En el marco del procedimiento, y según lo establecido en el artículo 106 Reglamento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se designará a un «relator especial» para hacer seguimiento al dictamen aprobado a fin de «cerciorarse» que España ha tomado medidas para «dar efecto» a la resolución.
«El Relator Especial podrá tomar las medidas y establecer los contactos apropiados para el cumplimiento del mandato de seguimiento», precisa la normativa. Este además podrá recomendar las «medidas complementarias que sean necesarias». El Comité incluirá en su informe anual «información sobre las actividades de seguimiento».
España, como Estado parte, presentó sus observaciones sobre el caso de Garzón el pasado 31 de julio de 2020, según consta en el dictamen.
Sobre el caso ‘Franquismo’, aseguró, entre otras cuestiones, que «no se puede establecer» que la apertura del proceso penal contra el exmagistrado fuera «arbitraria», ya que su actuación «chocaba frontalmente con cuestiones básicas de un Estado de Derecho».
Insistió en que la sentencia fue absolutoria porque la interpretación del derecho realizada por el exjuez fue «errónea», pero no alcanzó la característica del delito de prevaricación.
Respecto al caso Gürtel, España indicó que no existían argumentos que justificaran la «existencia de parcialidad» del Tribunal Supremo. Según defendió, no puede apreciarse «arbitrariedad ni denegación de justicia en el proceso penal».
El dictamen ha tenido lugar seis meses después de que el Comité anunciara su intención de estudiar el caso y cinco años después de que Garzón presentara una queja contra España en la que alegaba haber sido víctima de múltiples violaciones de sus derechos humanos durante los dos procedimientos que se dirigieron en su contra en el Supremo.
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