De izquierda a derecha: Juan Bravo Rivera, exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, y Pedro Calvo, exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal de Isabel II.
Anticorrupción reclama 7 años de cárcel para dos exconsejeros de Gallardón, Juan Bravo y Pedro Calvo, por el caso Lezo
Por un supuesto delito de malversación de caudales públicos
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28/6/2019 15:00
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Actualizado: 24/6/2020 11:56
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La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) Juan Bravo y Pedro Calvo por la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.
Son dos de los 22 acusados en la pieza 1 del ‘caso Lezo’.
Anticorrupción acusa a Bravo y a Calvo de un presunto delito de malversación de caudales públicos, como a los otros 20 acusados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que los 22 acusados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el «sobreprecio pagado por la adquisición» de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, «sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas».
Junto a Calvo y Bravo, Anticorrupción pide condena para el resto de miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II del año 2001.
Son Ignacio López Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho, quienes se enfrentan a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación absoluta.
Para el exdirector gerente del Canal Arturo Canalda, la fiscal solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, al igual que para los técnicos Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera, mientras que para Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Francisco Javier Vilaplana y Francisco Olmos, personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores, pide 6 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
‘PLAGADA DE ILICITUDES’
Según expone la Fiscalía en su escrito, la operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá -Aguas de América (SAA)- se enmarca en la «expansión internacional» que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa.
Para lo cual, «utilizó una sociedad vehículo de nueva creación» llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua.
La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde su creación en 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos.
Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.
Para Anticorrupción, la adquisición de Inassa estuvo «plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta», pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, «provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún benecio» para la Comunidad de Madrid.
Según el relato de hechos que hace la fiscal, en la compra asumieron un papel relevante los acusados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides, quienes en marzo de 2000 «consiguieron que Agbar, a la que estaban vinculados profesionalmente, vendiera su participación en Inassa a la panameña SAA, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos de Inassa».
De forma paralela, «iniciaron un proceso de licitación privado dirigido a vender la sociedad SAA, el cual culminó a principios del año 2002 con su venta al Canal de Isabel II, lo que se llevó a cabo por un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales».
Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera, con el beneplácito del entonces director gerente Arturo Canalda, los que elaboraron un dossier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña.
Aunque en el documento se hacía mención «de forma atemperada» a los riesgos, obviaron «valorarlos», de modo que el consejo de administración del Canal de Isabel II, en un papel que la fiscal considera «esencial», acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un «sobreprecio injusticado de, al menos, una cantidad comprendida entre 25,4 millones y 38,7 millones de euros».
‘PALMARIA Y CONSCIENTE DEJACIÓN DE FUNCIONES’
«En definitiva, la palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros», subraya la Fiscalía.
La compra de Inassa no habría sido posible sin el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en el año 2001 presidía Gallardón, si bien Anticorrupción ha quitado toda responsabilidad a los que entonces eran consejeros, salvo a Calvo y Bravo, quienes a su vez también eran consejeros del Canal y, por tanto, «emitieron su voto conociendo todos los detalles de la operación y los perjuicios económicos que se derivarían de la misma».
EL JUEZ ARCHIVÓ LA INVESTIGACIÓN A GALLARDÓN E IGNACIO GONZÁLEZ POR LA COMPRA DE INASSA
A finales de mayo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón archivó la investigación contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en esta pieza, del expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas de este caso, y de Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
Alberto Ruiz Gallardón dejó de estar imputado en Lezo, Ignacio González no porque está investigado en otras piezas del caso.
Además, García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza (la 1) respecto a 15 investigados, entre ellos también está Manuel Cobo Vega, exvicealcalde de Madrid y quien fuera ‘mano derecha’ de Gallardón.
El resto son Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Jesús Sánchez Sánchez, Salvador Cardona Aucejo, Ángel Varona Grande, María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra.
La Fiscalía Anticorrupcón también pidió al magistrado García-Castellón incoar, respecto a los hechos relacionados con la adquisición de Inassa, una nueva pieza separada en la que se dictase auto de continuación de la misma por los trámites del procedimiento abreviado contra las siguientes personas:
Francisco Olmos Fernández- Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Ma del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García- Loygorri Ruíz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho, por hechos presuntamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado.
El juez también atendió esa petición y encausó a estas 22 personas por las posibles irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del ente público canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa.
El magistrado ve indicios de la comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravado.
García-Castellón acordó incorporar a las actuaciones dos informes periciales aportados por el Ministerio Fiscal el pasado 22 de mayo junto a su escrito, al considerarlos una prueba “relevante y necesaria” para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa por el ente público Canal de Isabel II.
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