La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Barcelona, María José González González, ha avalado la decisión de la Generalitat de permitir que el exdiputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de prisión por el caso ITV, pueda salir diariamente a trabajar y ejercer un voluntariado social, pese a no tener el tercer grado.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), la juez desestima el recurso de la Fiscalía que se oponía a este régimen.
Confirma la flexibilización del sistema de clasificación aprobado por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
La juez González considera que aplicar un régimen flexible es un mecanismo para favorecer el proceso de inserción social y laboral, y que «no puede obviarse que concurren en el penado circunstancias positivas, tales como su primariedad delictiva, asunción de los hechos y el reconocimiento público de los mismos».
Oriol Pujol fue condenado por tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, por haber cobrado comisiones de empresarios afines del sector de las ITV a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios.
En junio de 2018 ratificó un pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2017 aceptando la pena de dos años y medio, con el que eludió la celebración de un juicio popular del que podría haber salido peor parado.
Con este pacto, el hijo del expresidente autonómico catalán Jordi Pujol consiguió, además, que su mujer, Anna Vidal, eludiera la cárcel a cambio de una multa.
LA FISCALÍA CRITICABA QUE LO DEJABAN SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE ES ‘HIJO DEL EXPRESIDENTE CATALÁN’
La Fiscalía envió un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 en el que se oponía a que Oriol Pujol pudiera salir diariamente a trabajar y ejercer un voluntariado social, lo que, a su juicio, supone «un tercer grado encubierto», pese a que un juez se lo había revocado.
El Ministerio Público criticó que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -al que se acoge la Junta de Tratamiento de Brians 1 para dejarle salir entre semana- debe tener un «carácter excepcional, y lo único excepcional que concurre en el presente supuesto es que el interno es hijo del expresidente de la Generalitat».
Señaló que Oriol Pujol fue miembro destacado del partido fundado por su padre (CiU), que ha sido antecedente directo del que actualmente gobierna en la Generalitat, en sus palabras, y que la decisión de la Generalitat «se debe a la decidida voluntad de la administración de que el interno permanezca el mínimo tiempo en prisión».
«A ningún ciudadano de este país se le escapa que la concesión del tercer grado inicial al interno y, ante su revocación, esta forma poco respetuosa con las resoluciones judiciales, mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, se debe a la decidida voluntad de la administración de que el interno permanezca el mínimo tiempo en prisión», manifestó.
Aseguró también que permitirle las salidas diarias supone «un incumplimiento de la decisión del juez de vigilancia penitenciaria de revocar el tercer grado», y resaltó que además, con el artículo 100.2, se le permite estar dos horas más al día en libertad que con el tercer grado.
Criticó que Oriol Pujol cometió el delito «por pura codicia, por mera avaricia, así como por su situación familiar privilegiada y por el poder que conllevaban los cargos políticos que desempeñaba», lo que exige un tratamiento con un adecuado programa incompatible pasar dos meses en la cárcel -los que pasó antes de tener el tercer grado-.
Si no cumpliera la pena de prisión, la Fiscalía cree que se transmitiría a la sociedad que «la actividad delictiva sale a cuenta, dando la apariencia de impunidad para determinadas conductas y determinados delincuentes, en este caso los políticos y delincuentes económicos».
En ampliación
