Y no solo a los abogados. También a los procuradores. Es lo que argumenta el magistrado titular del Juzgado de lo Social 14 de Madrid, Arturo Rodríguez Lobato, en la cuestión de inconstitucionalidad presentada ante el máximo tribunal de garantías.
«No tienen derecho a descanso, ni vacaciones, convirtiéndose en esclavos de su ordenador y de estar conectados en sus oficinas a ver si el órgano jurisdiccional le envía una notificación por Lexnet, puesto que de lo contrario, cuando vuelva de vacaciones, tendrá por notificada la resolución remitida por el juzgado si no se ha abierto en tres días», dice Rodríguez Lobato, según la Agencia Efe.
El auto en el que fundamenta sus alegaciones el magistrado, parte del caso de una trabajadora que demandó a su empresa y que perdió, archivándose su causa, porque la letrada no vio una comunicación.
Este es el puente del que se sirve el magistrado.
Por ello, pide al Tribunal Constitucional que anule un artículo el artículo 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, desde la reforma de 2015, da en general por realizadas las comunicaciones mediante Lexnet a los tres días, a todos los efectos, aunque el destinatario no haya accedido a su contenido.
