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La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años de cárcel para el mediador del fichaje de Casillas por el Oporto

Márquez ha cambiado de abogado al inicio de la segunda sesión del juicio, al renunciar al asignado por el turno de oficioSantos Márquez, de espaldas durante el juicio./EP
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La Fiscalía ha mantenido este martes la petición de cuatro años de cárcel para el empresario Santos Márquez, que medió en el fichaje de Iker Casillas por el Oporto, por un presunto delito de administración desleal.

Por su parte, el empresario mallorquín ex socio de Márquez, pide una condena de seis años de cárcel, ya que acusa también por estafa.

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Márquez ha cambiado de abogado al inicio de la segunda sesión del juicio, al renunciar al asignado por el turno de oficio para contratar al letrado Fernando García de Vinuesa, que asistió como público a la primera jornada.

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La defensa ha pedido la absolución.

La Fiscalía y el empresario perjudicado acusan a Márquez de haberse quedado para sí los beneficios por la mediación en el fichaje del exportero del Real Madrid, en 2015, pese a que había suscrito un contrato para crear una sociedad –Mallorca Viva SL– en 2008.

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En la primera sesión del juicio, el empresario aseguró que en 2012 había vendido sus participaciones y que desde entonces se consideraba desvinculado de su antiguo socio.

LA FISCALÍA DICE QUE MÁRQUEZ «VIVÍA A EXPENSAS» DE SU SOCIO

El fiscal ha defendido que «los hechos son muy claros» y que Márquez «siguió trabajando como comisionista y mandatario de Mallorca Viva», y no por cuenta propia, hasta julio de 2015, cuando logró intermediar en el fichaje del famoso futbolista.

«No es que cobre de Mallorca Viva, es que vive a expensas de Mallorca Viva», ha enfatizado, resaltando que la sociedad le pagaba «todo», incluyendo el alquiler, el dentista y un canal de televisión especializado.

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Así, el representante del Ministerio Público ha acusado al agente de haberse «quedado» una «comisión muy grande» por la operación, mientras que a su socio «sólo le ha llevado a reducir patrimonio y generarle deudas».

Por su parte, el letrado de la acusación particular, Jaime Campaner, ha considerado acreditados los delitos gracias a la «abrumadora cantidad de prueba documental».

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El abogado ha subrayado que el acusado reconoció que recibió durante dos años y medio «una media de más de 100.000 euros anuales» de Mallorca Viva después de la supuesta «rescisión tácita» del contrato de 2008.

El abogado del empresario afectado ha asegurado que Mallorca Viva «aceptó» participar en la «Operación Casillas» y que «pagó». «Márquez decidió embolsársela y fue desleal», ha subrayado.

LA DEFENSA INSISTE EN QUE EL CONTRATO «YA NO EXISTÍA»

Finalmente, el abogado defensor ha negado los presuntos delitos y ha mantenido que el 2012 «el contrato ya no existía», porque cuando Márquez vendió su participación ya no había una «sociedad al 50 por ciento».

El letrado cree que el litigio es una «cuestión mercantil que la parte contraria sabía que nunca prosperaría» y que por eso «lo ha llevado al campo penal». Además ha defendido que «no hay engaño» ni delito societario.

En el turno de última palabra, Márquez ha lamentado que es «la primera vez» en 40 años de ejercicio que se encuentra en esta situación, que ha definido como «fastidiosa», y ha protestado porque asegura que ha sufrido daños económicos.

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El juicio ha quedado visto para sentencia. EP