La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la Comunidad de Madrid la clausura de la residencia Arzobispo Morcillo, de Soto del Real (Madrid), por el «peligro existente para la integridad y salud de los internos».
Ha informado en un comunicado que esta petición se produce después de que el pasado lunes la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hiciera una visita rutinaria de inspección a este centro y comprobase el “deplorable” estado de los internos y de sus instalaciones.
Según publica Europa Press, la Comunidad ha decidido el cierre de esta residencia, ya que «este centro es de titularidad privada y en él no existen plazas concertadas por la Comunidad de Madrid, si bien, el gobierno regional va a garantizar la atención a los 60 residentes afectados».
Además, incoará un expediente sancionador contra el titular.
Explica que la Comunidad ha informado ya a los familiares de los residentes de la situación y, en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se les habilitará plazas de emergencia en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) o de la Dirección General de Dependencia.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la Guardia Civil que elabore un atestado donde quede documentado el resultado de la inspección realizada junto al correspondiente reportaje fotográfico y en el que “presumiblemente se les imputara a los responsables de la residencia la posible comisión de un delito contra la salud pública así como contra la integridad de las personas”.
Informa que a preguntas de la fiscal, uno de los responsables del centro dijo el pasado 8 de julio no tener acceso al historial clínico de los 60 internos que se encontraban en una sala, y que contaba sólo con dos auxiliares para atenderlos, “presentando alguno de ellos mal estado físico”.
Afirma que el resto de las instalaciones tampoco ofrecían un mejor aspecto.
«De hecho, en la habitación destinada a guardar los medicamentos se pudo comprobar que no funcionaba la nevera destinada a conservar las medicinas que necesitan temperaturas bajas, por lo que, como en el caso de la insulina, la cadena de frío se había roto», detalla.
La Consejería de Bienestar ya había realizado una visita de inspección el pasado junio, lo mismo que hizo la Consejería de Sanidad el 1 de julio y que a raíz de ellas se precintó la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio.
Explica que tras levantar el correspondiente acta, los hechos se pusieron en conocimiento del fiscal decano para las personas con discapacidad, quien indicó la necesidad de que por parte de la Guardia Civil se elaborase el correspondiente atestado, todo ello en coordinación con la Subdirección General encargada de la Inspección de residencias, el servicio CIRA.
La Fiscalía también informa que desde la Fiscalía de Alcobendas se ha oficiado a la Policía Judicial de Tres Cantos para que se desplace “conjuntamente” con la fiscal hasta la residencia para proceder a una inspección en profundidad, puesto que, además, las habitaciones de los internos estaban con “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación, así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”.
Indica que el personal del CIRA, por su parte, ha sido informado del «riesgo de incendio, ya que las mangueras no funcionaban e incluso el cuarto de calderas tenía una fuga de agua».
A su vez, apunta que la Fiscalía ha ordenado a la Guardia Civil que requise el disco duro donde supuestamente se almacenan las imágenes de las múltiples cámaras de seguridad, “así como la habitación destinada a concentrar la medicación destinada a ser suministrada a los enfermos con el fin de evitar manipulaciones”.
En relación con la inspección a la residencia de la tercera edad Arzobispo Morcillo, dice que se ha movilizado a los servicios médicos del Centro de Salud de Tres Cantos para realizar una evaluación de los internos, «dada la situación que presentaban alguno de ellos», con el fin de valorar según los casos su ingreso en algún centro médico o derivarlos a residencia con plazas de emergencia social o que fuesen acogidos por sus familiares.
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