El Gobierno ha demandado a la familia Franco por la propiedad del pazo coruñés de Meirás, para que pase a ser un bien público.
La Abogacía del Estado presentó el miércoles esta demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, en la que afirma que la compra del inmueble por parte de Franco en 1941 fue «simulada y fraudulenta».
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, manifestó ayer que los Franco «actuaron contra derecho», y que el Gobierno buscará recuperar la propiedad de este inmueble, ubicado en Sada.
El Ejecutivo también persigue la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Estaba prevista para el pasado 10 de junio, pero el Tribunal Supremo la suspendió cautelarmente. El 10 de junio, la Fundación Franco también interpuso ante el Supremo una demanda de nulidad de exhumación.
UNA SEGUNDA COMPRAVENTA FICTIVA QUE, SEGÚN LA ABOGACÍA, PERMITIÓ A FRANCO LA INSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A SU NOMBRE
Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, un estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco «falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad».
Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña, entre otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Franco para su utilización como residencia veraniega.
La compra se realizó el 3 de agosto de 1938 por la «Junta pro Pazo del Caudillo» por 406.346 pesetas a la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán.
Esta escritura, desconocida hasta entonces, ha sido localizada por la Abogacía del Estado.
Según indica la Abogacía, «la financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales».
Detalla que desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que «fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado».
Desde entonces, el inmueble se usaba como residencia veraniega oficial de Franco.
La Abogacía destaca que tres años después, acabada la guerra, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo por parte de Manuela Esteban Collantes a favor de Francisco Franco.
Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, esta inscripción, derivada de una «compraventa ficticia», es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos.
En los casi 40 años en los que fue utilizado como residencia oficial de verano, el Pazo de Meirás fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, «con el mismo uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose exclusivamente con fondos y funcionarios públicos».
«Incluso después del fallecimiento de Franco, el inmueble continuó durante varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil», señala Justicia.
LAS TORRES FUERON DECLARADAS BIC EN 2008
Las Torres de Meirás fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de sitio histórico en 2008, con el gobierno del bipartito de PSdeG y BNG.
Los herederos de Franco recurrieron a la Justicia para intentar paralizar la declaración como edificio protegido y la obligación de que fuese abierto al público.
El gobierno gallego llegó a formalizar un convenio con la familia Franco con la obligación de abrirlo un mínimo de cuatro días al mes.
Sin embargo, en marzo de 2017 la Xunta inició un expediente tras supuestamente constatar que el teléfono habilitado para gestionar las solicitudes de visitas no estaba operativo.
PROCESO DE RECUPERACIÓN
Galicia decidió arrancar el proceso de recuperación del Pazo de Meirás en el año 2017.
En julio de 2018, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad reclamar al Estado que ejercitara las acciones legales procedentes para la recuperación del pazo para el patrimonio público.
El pasado octubre, el Gobierno encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías.
El pasado junio, la Cámara gallega volvió a aprobar por unanimidad instar a la Xunta a reclamar al Gobierno que iniciara «de manera urgente» las acciones legales «pertinentes» para la recuperación del Pazo.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha expresado su «satisfacción» con que la Abogacía del Estado «concuerde» con los criterios jurídicos de la Xunta y con «la voluntad unánime» expresada en el Parlamento de Galicia en varias ocasiones.
Además, ha señalado que los servicios jurídicos «ven posible» que el gobierno gallego se persone en el proceso judicial para recuperar el Pazo de Meirás de Sada (A Coruña) para lo público.
En una primera evaluación, nuestros servicios jurídicos ven posible que la @Xunta se persone en el proceso para recuperar la propiedad pública del Pazo de Meirás. Si se confirma esta valoración inicial, lo haremos.
— Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 11 de julio de 2019
Estamos satisfechos de que la Abogacía del Estado concuerde con los criterios jurídicos de la Xunta y con la voluntad unánime expresada en el @Par_Gal
— Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 11 de julio de 2019
El Ayuntamiento de Sada, municipio coruñés en el que se levanta el inmueble, también ha anunciado que se incorporará al proceso civil contra la familia Franco.
