La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre tres años y tres meses de prisión que impuso el Tribunal Militar Central a tres mandos –dos con rango de teniente coronel y uno de teniente– y a un empresario.
El motivo fue adjudicar contratos de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) a cambio de comisiones en lo que constituye un delito contra el patrimonio militar.
El magistrado Javier Juliani, considera probado que entre finales de 2008 y principios de 2009, el Teniente Coronel F. N. C. y el Teniente G. C., con aprovechamiento de su posición relativa en la contratación de la IGESAN, idearon un sistema para cobrar comisiones en las adjudicaciones.
El plan consistía en otorgar contratos directamente a mercantiles propiedad del empresario U.L.G. en lugar de utilizar el preceptivo sistema de publicidad y concurrencia múltiple.
Lo hacían fraccionando el objeto del contrato o utilizando la contratación verbal, modalidad restringida a situaciones de emergencia.
En otros casos se aplicó procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia limitada a empresas de U.L.G. y cuando no podían evitarlo, daban una puntuación excesiva a cuestiones técnicas teóricas que sabían que no se llegarían a ejecutar, y avisaban al empresario para que las incluyese en sus ofertas.
Después, repartían beneficios.
La sentencia da por probado que F.N.C. ideó el sistema «calculando los contratos con un beneficio en favor del empresario, excesivo en relación con el que era normal en el tráfico económico análogo, del que se entregaba la mitad por U.L.G., en algunas ocasiones a M.A.G. y en otras a F.N.C».
El fallo estima parcialmente el recurso de casación que había interpuesto uno de ellos, el teniente coronel A.G.G., a quien el Tribunal Militar Central había condenado a seis meses por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito castrense.
La Sala rebaja su pena en un mes porque no ve probado uno de los hechos que se le imputan, si bien no reduce en mayor medida la condena atendiendo a su empleo militar y a su condición de interventor de la IGESAN, tal y como explica la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Juliani.
Un voto particular pedía desestimar todos los recursos
El tribunal desestima los recursos planteados por el teniente coronel F. N. C., condenado a tres años de cárcel por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar; el teniente M.A.G., sentenciado a dos años por el mismo delito y el empresario U.L.G, a quien se impusieron tres meses de prisión por cohecho.
La sentencia incluye un voto particular del magistrado Jacobo Barja de Quiroga López en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría, ya que se muestra partidario de desestimar también el recurso del teniente coronel del Ejército de Tierra A.G.G.
Entiende que la generación de una factura falsa de 15.000 euros por limpieza del garaje del Hospital «Gómez Ulla», es real y está acreditado.
Por otro lado, el magistrado sostiene en su voto que la conducta de los recurrentes debió examinarse a la luz del Código Penal donde, además de las conductas omisivas mediante la comisión por omisión, se contienen delitos como el cohecho, prevaricación, las maquinaciones para alterar el precio en los concursos, la malversación, los fraudes, el blanqueo de capitales, etc.
EP
