Las dos asociaciones de jueces –la segunda y la tercera en número de afiliados– interpusieron ayer una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra las 22 convocatorias para nombramientos discrecionales, algunos de ellos realizados, de Presidencias de órganos judiciales en todo el país llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En la misma, solicitan que se dicte una resolución acordando la suspensión cautelar de los nombramientos realizados y por hacer impugnados.
«En cuanto a su ejecutoriedad, efectividad y aplicación al proceso de selección para la provisión de las Presidencias de las Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia, excluyéndose de la medida cautelar solicitada las convocatorias que, aún recurridas, se refieren a plazas de Magistrados del Tribunal Supremo y aquellas cuyo proceso de selección ha finalizado habiéndose ya efectuado los respectivos nombramientos por el Pleno de 27.6.2019 (…) todo ello hasta tanto se resuelva el presente recurso contencioso-administrativo», dice el recurso, al que ha tenido acceso Confilegal.
Con ello, tanto la AJFV como JJpD han dado un paso más allá al acudir a la vía judicial tras recurrir 13 de estos nombramientos por vía administrativa ante el propio órgano de gobierno de los jueces, al que durante los dos últimos meses han solicitado que revoque estas convocatorias y anule cautelarmente sus correspondientes nombramientos.
Ambas asociaciones entienden que se siguen produciendo mientras el CGPJ se encuentra en funciones desde el año pasado, ignorando la reciente modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde su punto de vista, «dichos nombramientos» deben hacerse «en virtud de un baremo que atienda únicamente a criterios de mérito, experiencia y capacidad». Y no es el caso.
Ante la negativa a aceptar estas medidas cautelares, hasta que el CGPJ resuelva los recursos contra sus respectivas convocatorias, ambas asociaciones de jueces tomaron la decisión de llevar al Supremo otros 9 nombramientos realizados este mismo mes.
Estos, como los 13 anteriores, afectan a importantes órganos judiciales, como las presidencias de la Audiencia Nacional, varias salas de Tribunales Superiores de Justicia en distintas Comunidades Autónomas o una decena de Audiencias Provinciales, entre otros.
Nombramientos polémicos
Algunos de esos nombramientos recurridos ya ante el CGPJ y ahora también ante el Supremo afectan a miembros de las asociaciones recurrentes, entre los que destaca el ejemplo de la presidencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que finalmente recayó en la magistrada María José Hernández, miembro de la AJFV.
Este se produjo tras la polémica por lo que se entendió, desde la AJFV, que hubo trato discriminatorio de un miembro de la Comisión Permanente del CGPJ durante la entrevista como candidata, que la propia afectada, su asociación y otros colectivos de la carrera judicial denunciaron públicamente.
El portavoz nacional de AJFV, Raimundo Prado, ha explicado al respecto que “para nosotros el interés general por un sistema de nombramientos más justo, objetivo e imparcial está por encima del interés particular de nuestros asociados o de la propia asociación”.
«Recurrimos todos los nombramientos que este CGPJ no está convocando ni decidiendo como marca la Ley, con independencia de que beneficien o no a nuestros asociados, porque aquí lo importante no es el quién, sino el cómo y el qué”.
Prado añade que lo anterior es “un ejemplo de la misma independencia y coherencia que hemos mantenido siempre desde AJFV y que tanto se echa en falta en un CGPJ que, pese a estar en funciones desde el año pasado, sigue actuando como un club de golf».
Finaliza señalando que «los cargos se reparten por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”.
