La Guardia Civil ha detenido a los propietarios de la residencia de mayores Arzobispo Morcillo, de Soto del Real (Madrid), por la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación el pasado 7 de julio.
Son dos hermanos.
El pasado 15 de julio arrestó a uno de ellos, acusado de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia y lesiones.
Según han informado desde la Benemérita a Confilegal, las investigaciones de la Guardia Civil del equipo de Policía Judicial de Colmenar Viejo siguieron su curso, y descubrieron que el hermano de este individuo figura como copropietario, y lo detuvieron ayer, acusado también de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia y lesiones.
Ambos han quedado en libertad con cargos.
La causa la instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Colmenar Viejo.
Un sobrino de la anciana fallecida denunció que su muerte podía estar relacionada con el trato que recibía en el centro.
Les acusó de no suministrar la medicación adecuada a su tía, prescrita por el hospital.
La mujer falleció en el hospital madrileño de La Paz.
La Comunidad de Madrid cerró este centro, de titularidad privada y en él no existen plazas concertadas por la Comunidad de Madrid, hace tres semanas tras una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid por el «peligro existente para la integridad y salud de los internos».
Informó entonces a los familiares de los 60 residentes de la situación y anunció que en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se les habilitaría plazas de emergencia en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) o de la Dirección General de Dependencia.
Solo uno de ellos tuvo que ser reubicado, en una plaza de emergencia de la AMAS.
Además, de decretar el cierre, la Comunidad de Madrid impuso a los propietarios una sanción de 127.000 euros.
El Ministerio Público reclamó el pasado 10 de julio el cierre de esta residencia después de que la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hiciera una visita rutinaria de inspección a este centro y comprobase el “deplorable” estado de los internos y de sus instalaciones.
Pidió a la Guardia Civil que elaborara un atestado donde quede documentado el resultado de la inspección realizada junto al correspondiente reportaje fotográfico y en el que “presumiblemente se les imputara a los responsables de la residencia la posible comisión de un delito contra la salud pública así como contra la integridad de las personas”.
También ordenó a la Guardia Civil que requisara el disco duro donde supuestamente se almacenan las imágenes de las múltiples cámaras de seguridad, “así como la habitación destinada a concentrar la medicación destinada a ser suministrada a los enfermos con el fin de evitar manipulaciones”.
En su escrito, la Fiscalía informó entonces que a preguntas de la fiscal, uno de los responsables del centro dijo el pasado 8 de julio no tener acceso al historial clínico de los 60 internos que se encontraban en una sala, y que contaba sólo con dos auxiliares para atenderlos, “presentando alguno de ellos mal estado físico”.
Afirmó que el resto de las instalaciones tampoco ofrecían un mejor aspecto.
«De hecho, en la habitación destinada a guardar los medicamentos se pudo comprobar que no funcionaba la nevera destinada a conservar las medicinas que necesitan temperaturas bajas, por lo que, como en el caso de la insulina, la cadena de frío se había roto», detalló.
También detectó «bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación».
Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua.
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