Los abogados de Juana Rivas "contestan" a los magistrados que apoyaron a la jueza del caso solicitando su recusación

Juana Rivas pide a la Junta en Granada que se haga cargo de sus hijos antes de su vuelta a Italia

Considera que "existe riesgo grave para su integridad física y psicológica" si vuelven a Italia

13 / 08 / 2019 10:04

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Juana Rivas ha solicitado a la dirección de los Servicios de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Granada la tutela e ingreso de sus hijos en un centro de acogida.

Considera que «existe riesgo grave para su integridad física y psicológica» si vuelven a Italia a mediados de este mes de agosto, una vez termine el periodo vacacional estipulado con ella.

En la solicitud registrada este lunes, Rivas, condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato, vuelve a remitirse a los últimos informes del Servicio Andaluz de Salud. 

Estos informes se refieren, según consta en el documento, al «riesgo que puede suponer para la integridad física y psicológica» de los menores, de 13 y cinco años, «continuar con su actual convivencia familiar», con su padre, Francesco Arcuri, en Carloforte (Italia), donde viven.

Los informes clínicos se han realizado «conforme a la normativa que regula el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil» de la Consejería a la que ahora recurre Juana Rivas, que también pide atender a la legislación internacional al respecto.

En caso de que no se adopte la medida de tutela e ingreso en centro de menores que solicita «u otra similar», Rivas pide a los responsables de la Junta que «garanticen que, por las autoridades italianas correspondientes, se han puesto en marcha medidas de protección» para sus hijos a partir del 15 de agosto, tutelándolos y «no entregándolos, por tanto, al presunto agresor».

Alude a la «desprotección y el desamparo» en que podrían quedar sus hijos en Italia, y se pregunta cuál sería la situación si el padre de los niños viviera en Madrid. «¿Son las fronteras políticas las que hacen desaparecer el riesgo?», agrega. 

La madre granadina solicitó, a finales del pasado mes de julio, en una denuncia, la adopción de medidas cautelares para proteger a sus hijos antes de su vuelta a Italia, lo cual denegó el Juzgado de Instrucción 3 de Granada aduciendo a que ello correspondería en su caso a la jurisdicción italiana.

Ella recurrió esta decisión y la Audiencia Provincial de Granada, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, está estudiando ya el recurso, y los informes pertinentes, con el objetivo de pronunciarse en estos días.

Asimismo, también este lunes, la Coordinadora Andaluza Feminista ha mostrado su apoyo público a Juana Rivas, en su «lucha» por «la supervivencia, el bienestar y la finalización de la violencia que están sufriendo sus hijos».

En este sentido, han solicitado en una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, «su implicación» ante «la ausencia de respuesta por parte de las instituciones y la inminencia de la partida de los menores a Italia».

Juana Rivas recurre en apelación el auto que deniega medidas cautelares sobre sus hijos

Juana Rivas ya interpuso hace unos días ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación para que revoque el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Granada que denegó la adopción de medidas cautelares para proteger a sus hijos.

El juzgado en que recayó la denuncia, por supuesto delito de maltrato, lesiones y amenazas de muerte hacia los hijos de ambos, resolvió el pasado viernes no adoptar ninguna medida de protección sobre los menores y remitió el caso a la Justicia italiana.

Según ha expuesto este martes en un comunicado Aránguez Abogados, en el recurso de apelación ante la Audiencia «no se discute» que la competencia de los hechos corresponde a la jurisdicción italiana, si bien solicita que se escuche a los menores, sobre todo al hijo mayor, que tiene ya 13 años.

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